Organizaciones civiles y académicos denuncian que el gobierno de Tlaxcala minimiza la trata de mujeres y niñas, sustentado en una discrepancia de datos oficiales y el desvío de fondos públicos hacia actividades ajenas a la seguridad.
Evidencia estadística contradice las declaraciones del gobierno estatal
La Fiscalía de Tlaxcala ocultó registros de explotación sexual en las plataformas nacionales de seguridad pública.
Entre los años 2023 y 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala reportó cero casos de trata al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, solicitudes de transparencia revelaron que la propia autoridad estatal atendió a 53 víctimas de trata con fines de explotación sexual en el periodo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2025.
La contradicción institucional se agudizó tras la publicación de un reportaje en el diario británico The Sunday Times, elaborado por la periodista Louise Callaghan, donde se documenta la persistencia de redes de explotación en la entidad a través de testimonios de víctimas, activistas y presuntos proxenetas.
Declaraciones públicas de Lorena Cuéllar bajo el escrutinio civil
La narrativa oficial de la gubernatura sostiene la erradicación del delito a pesar de las denuncias de activistas.
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., junto a las Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, expusieron la cronología de negación de la mandataria:
- Febrero de 2022: Afirmación gubernamental de una supuesta disminución del 83% en el delito de trata.
- Noviembre de 2022: Declaración pública donde se aseguró que el problema estaba controlado y que no existía un solo tema activo de trata de personas en la entidad.
- Octubre de 2023: Declaración a las afueras de Palacio Nacional donde la mandataria afirmó textualmente que la trata ya no representaba un problema para Tlaxcala.
La comunicadora Sabina Berman cuestionó la postura oficial en el programa El Largo Aliento, señalando la gravedad de invisibilizar o encubrir la dinámica delictiva en la región, la cual opera mediante corredores de explotación visibles que no reciben investigación penal exhaustiva pese a ser un delito perseguible de oficio.
Simulación presupuestal y desvío de recursos contra la trata
El presupuesto asignado a la prevención del delito se desvió a eventos taurinos.
El análisis financiero de las organizaciones aliadas y la academia comprometida contra la trata detectó graves anomalías en el uso de los fondos públicos. De un presupuesto de 2 mil 163 millones de pesos asignados entre 2023 y 2025 para la prevención, sanción y erradicación de este delito, los recursos no se aplicaron al cumplimiento de las metas institucionales.
El Programa Estatal contra la Trata 2022-2027 registra apenas un 11.1% de avance en sus objetivos e indicadores, restando solo un año para el cierre del periodo gubernamental.
Los fondos se redirigieron a sectores no vinculados con la seguridad de las mujeres, destacando el financiamiento a la tauromaquia.
Acciones de réplica oficial y exigencias comunitarias pendientes
La administración estatal defiende su gestión mediante la creación de organismos burocráticos.
El gobierno de Tlaxcala rechazó los señalamientos mediante un comunicado de prensa donde afirmó que negar la problemática significaría el abandono de las víctimas. La autoridad estatal defendió su estrategia enumerando las siguientes acciones implementadas:
- Activación de la Alerta por Violencia de Género.
- Creación de la Secretaría de las Mujeres.
- Apertura de 30 centros Libres.
- Conformación del Consejo Estatal contra la Trata.
La comunidad civil y académica calificó estas medidas como insuficientes y exigió detener la minimización del problema, el cual aseguran se ha agudizado. La demanda central exige concretar la elaboración, aprobación e implementación obligatoria de un Programa Educativo para la Prevención en todas las escuelas de educación básica del estado de Tlaxcala.
