Habitantes de Santa María Apazco demandan la intervención inmediata de autoridades estatales y federales ante la violencia institucional ejercida por el presidente municipal Eduardo García Santiago, su cabildo y policías contra mujeres indígenas mixtecas.
Denuncia penal contra el gobierno municipal de Santa María Apazco
Las víctimas exigen que la fiscalía estatal inicie una investigación formal contra los funcionarios agresores.
El 19 de junio, al mediodía, el presidente municipal Eduardo García Santiago, acompañado por los integrantes de su cabildo y respaldado por elementos de la policía municipal en estado de ebriedad, encabezó una confrontación violenta. Este ataque, perpetrado en contubernio con miembros del Frente Democrático Popular (FDP), afectó directamente a pobladores del núcleo rural del Llano de Sabino, a la autoridad comunitaria, al Consejo de Ancianos y a la Comitiva del Pueblo de Santa María Apazco, Nochixtlán.
Durante la agresión, las mujeres indígenas mixtecas sufrieron violencia física, verbal y psicológica que les causó lesiones corporales severas. La organización Aserlitigio, encargada del acompañamiento legal, calificó el acto como un abuso de autoridad desmedido y violencia de género institucionalizada, agravado por el hecho de que los agresores son quienes constitucionalmente deben garantizar la seguridad local.
Exigencias puntuales a los organismos del Estado mexicano
Pobladores y asesores legales distribuyen las responsabilidades de atención urgente entre distintas instancias de procuración de justicia y derechos humanos.
La comunidad indígena solicita la presencia inmediata de cuerpos civiles y ministeriales mediante los siguientes requerimientos específicos:
- Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO): Apertura de una carpeta de investigación de oficio por abuso de autoridad, lesiones y violencia de género. Envío de personal ministerial y un médico legista para certificar las heridas de las víctimas de forma legal y evitar la revictimización.
- Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO): Emisión de medidas cautelares y de protección urgentes para garantizar la vida e integridad de las agredidas, testigos y familiares frente a represalias del gobierno municipal. Despliegue de visitadores para documentar las violaciones a los derechos humanos.
- Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO): Intervención política inmediata para frenar los abusos de poder de la autoridad local y restablecer la gobernabilidad en la región Mixteca.
- Fuerzas Federales y CNDH: Despliegue de la Guardia Nacional para asegurar el orden público, el libre tránsito y la seguridad de los habitantes ante la presencia de policías municipales armados y en estado de ebriedad.
Antecedentes políticos y conflicto electoral en el municipio
La violencia ejercida por la administración actual deriva de un proceso de elección cuestionado por la base comunitaria.
Eduardo García Santiago asumió la presidencia municipal de Santa María Apazco en un contexto de alta tensión social, marcado por protestas de autoridades auxiliares y pobladores que acusaron irregularidades graves y una imposición abierta en el proceso electoral local. Las denuncias de la comunidad señalan de manera directa al expresidente municipal, Omar Bautista Rodríguez, como el artífice de la imposición del actual edil, lo que explica la falta de legitimidad y el uso de la fuerza pública contra los propios habitantes del municipio.
