Foto: Lector Mx
Redacción/CARIBE PENINSULAR
MÉRIDA.- El conflicto por el nuevo modelo de acceso y operación turística en Chichén Itzá entró en una fase de tregua parcial este miércoles, luego de varias horas de tensión, protestas y amagos entre artesanos, comerciantes y autoridades federales y estatales por el cierre del antiguo parador turístico y la operación del nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI).
“Nos están quitando nuestra fuente de trabajo”, acusaron representantes del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté, quienes señalaron que las restricciones en el acceso tradicional al sitio arqueológico afectan directamente a cientos de familias mayas que dependen de la actividad turística en la zona.
Durante la jornada, habitantes y artesanos retiraron algunas estructuras colocadas en el antiguo acceso, mientras grupos de inconformes permitieron el ingreso gratuito de turistas como forma de protesta ante lo que consideran una imposición del nuevo esquema turístico impulsado por autoridades vinculadas al proyecto del Tren Maya.
De acuerdo con versiones de los pobladores, el conflicto escaló luego de la colocación de rejas y controles para obligar a los visitantes a utilizar exclusivamente el nuevo CATVI, infraestructura creada como parte del reordenamiento turístico de Chichén Itzá y del flujo de visitantes asociado al Tren Maya.
Inicialmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó el cierre temporal de la zona arqueológica, del CATVI y del antiguo parador turístico bajo el argumento de trabajos de mantenimiento y medidas preventivas. Sin embargo, habitantes de Pisté sostuvieron que el verdadero objetivo fue contener las protestas derivadas de la disputa por los espacios comerciales y el control de accesos.
La tensión aumentó luego de que comerciantes y artesanos acusaran al Gobierno de Yucatán, al Patronato Cultur y al INAH de incumplir acuerdos previos y avanzar sin consenso comunitario en la reorganización del acceso turístico.
En medio de la confrontación, turistas denunciaron confusión, cierres intermitentes y presión para modificar rutas de ingreso al sitio arqueológico, mientras elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional mantenían vigilancia en los alrededores.
Aunque durante la tarde comenzó una tregua parcial y se reanudó parcialmente el acceso, las negociaciones entre autoridades y representantes comunitarios continuaban hasta el cierre de esta edición, en medio de la incertidumbre sobre la operación definitiva del nuevo esquema turístico en uno de los principales destinos arqueológicos del país.
