El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del senador Manuel Añorve, votará contra la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial. La bancada de oposición denuncia que Morena busca «maquillar» una estrategia diseñada para controlar el Poder Judicial, un plan que vinculan a acciones previas del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras el rechazo a su «Plan B».
La oposición desafía el calendario judicial en el Senado
El senador Manuel Añorve, quien coordina la bancada del PRI en el Senado, ha anunciado públicamente la postura inquebrantable de su partido. El PRI votará en contra de la iniciativa presidencial que propone un cambio en la fecha de la elección judicial. Esta declaración se enmarca en un período de intensa deliberación sobre la independencia del Poder Judicial y las maniobras legislativas que buscan su reforma. La decisión del PRI establece un claro contrapunto frente a la propuesta formulada por el partido en el gobierno. La coyuntura política sugiere una confrontación directa entre las facciones sobre el control de una de las esferas más críticas del estado.
El plan de Morena para dominar la justicia del país
Durante una conferencia de prensa, el senador Añorve manifestó que la iniciativa de Morena no constituye una reforma auténtica. En su lugar, la calificó como una estrategia para «maquillar el desastre», un escenario que, según sus declaraciones, fue deliberadamente creado para lograr el «apoderamiento del Poder Judicial». El legislador priista subrayó la premura con la que se ha perseguido este control, conectándolo directamente con las acciones implementadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta aseveración pone de relieve una percepción de continuidad en la estrategia política desplegada por el partido oficialista.
La oposición interpreta la iniciativa legislativa como un intento de validar un proceso que consideran ya comprometido. Añorve declaró enfáticamente: «Esa iniciativa es el maquillaje del desastre que originaron,» sugiriendo una táctica consciente para desequilibrar y redefinir la balanza de poderes en el país.
Cómo el rechazo al Plan B impulsó la crisis judicial
El senador Añorve detalló que la raíz de esta insistencia por controlar el Poder Judicial se localiza en la inconformidad manifestada por Andrés Manuel López Obrador cuando la Suprema Corte invalidó el denominado «Plan B» electoral. Esta determinación judicial, que desestimó la reforma propuesta por considerarla inconstitucional, provocó, según el criterio del legislador priista, una embestida frontal contra el sistema de justicia. Añorve puntualizó que «no le gustó a Andrés Manuel López Obrador que el Plan B en una controversia constitucional simple y sencillamente se cayera,» evidenciando la génesis de la tensión.
Desde esa óptica, la finalidad se centró en «destruir la Corte» y, consecuentemente, «destruir el Poder Judicial». El objetivo supremo de estas acciones, tal como lo aseveró el senador, es «apoderarse del Poder Judicial y por supuesto mandar un mensaje de autoritarismo y de control político». Esto subraya la escalada en la fricción entre los poderes ejecutivo y judicial, con consecuencias directas para la independencia y la autonomía de las instituciones del estado.
El PRI defiende las instituciones ante la captura política
El senador Añorve manifestó también su inquietud por la ciudadanía que, obrando «de buena fe», se inscribió para participar en el proceso de elección judicial. Afirmó que estas personas fueron «atropelladas», una repercusión directa de la gestión federal. Por consiguiente, el PRI mantendrá su postura de votar en contra, reafirmando su total rechazo a lo que cataloga como un «desaseo» institucional.
El partido tricolor, a través de su coordinador, ha declarado que nunca avalará el «apoderamiento de las instituciones». Esta práctica, desde su perspectiva, ya se ha manifestado con la desaparición de organismos autónomos y la reducción del alcance del recurso de amparo. Esta posición reitera un compromiso ideológico con la protección de la autonomía institucional frente a lo que interpretan como una concentración excesiva de poder por parte del oficialismo.
