Por Alejandro Peza
CHETUMAL.- Este fin de mes de octubre se cumple un año del caso del falso crematorio de mascotas Xibalbá en el que cientos de personas fueron estafadas al recibir tierra y no las cenizas de sus mascotas.
El abogado de las víctimas, Rafael Rivero Aburto, señaló que el procedimiento legal no ha avanzado con la rapidez que esperan los afectados, quienes desde que se conoció el caso buscan que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades.
Explicó que las audiencias se han aplazado hasta 2027, pues señaló que la carga de trabajo en los juzgados de Chetumal ha provocado que las primeras audiencias de vinculación de los presuntos responsables se programen para el próximo año.
«Será hasta 2027 cuando comiencen a realizarse las primeras audiencias de vinculación a procesos relacionados con el caso del falso crematorio de mascotas Xibalbá», explicó
El caso Xibalbá generó indignación entre las personas que confiaron en los servicios de cremación para despedir a sus mascotas. De acuerdo con las más de 300 denuncias relacionadas con este asunto, los clientes entregaron los restos de sus animales con la expectativa de recibir sus cenizas, pero posteriormente descubrieron que el material que les fue entregado era tierra.
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La situación provocó afectaciones económicas y emocionales para cientos de familias, que no solamente pagaron por un servicio que presuntamente no recibieron de manera adecuada, sino que también vieron vulnerada la confianza depositada en una empresa a la que recurrieron para dar un destino digno a los restos de sus animales de compañía.
Sin embargo, para las víctimas, el paso del tiempo no ha significado el cierre de un episodio que continúa pendiente de resolución en los tribunales.
Rafael Rivero Aburto advirtió que el proceso judicial avanza lentamente y que todavía podrían transcurrir varios meses antes de que se registren avances definitivos. Esta situación mantiene a los afectados a la espera de que las autoridades judiciales den continuidad al procedimiento y se esclarezcan plenamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La duración del proceso representa una preocupación para las víctimas, que esperan una respuesta de las autoridades y que se determinen las consecuencias legales que correspondan conforme a las investigaciones y las pruebas que formen parte del expediente.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, las víctimas mantienen la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
