Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió ampliar las auditorías a los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) para incluir no sólo la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció en medio de señalamientos por presuntas irregularidades, sino también la administración de su antecesor, Lorenzo Córdova Vianello.
“Tiene que auditarse y transparentarse todos esos contratos, en el periodo de Guadalupe Taddei como anteriormente. Tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina de este martes.
La petición de Sheinbaum se produce después de que Taddei presentara su renuncia a la presidencia del INE, en medio de investigaciones sobre posibles conflictos de interés y contrataciones millonarias con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas.
La presidenta sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe realizar una revisión amplia del ejercicio de los recursos públicos del organismo electoral, sin limitar las investigaciones a la administración que encabezó Taddei desde abril de 2023.
Entre las empresas señaladas se encuentran Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con Hernández Casillas y beneficiadas con contratos para el suministro de materiales electorales.
Sheinbaum recordó que algunas de las compañías involucradas habían sido objeto de medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando ese organismo estaba encabezado por Pablo Gómez.
Según explicó, las cuentas de algunas empresas fueron congeladas, pero posteriormente recuperaron su operación mediante resoluciones judiciales.
Por ello, consideró necesario establecer desde cuándo mantienen relaciones comerciales con el INE, bajo qué condiciones obtuvieron los contratos y si existieron irregularidades en los procedimientos de adjudicación.
La mandataria también rechazó los señalamientos de que Morena tiene colonizado al INE. Argumentó que buena parte de los trabajadores pertenece al Servicio Profesional Electoral y permanece en la institución desde administraciones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova.
En otro momento de la conferencia, Sheinbaum cuestionó el elevado presupuesto del organismo electoral, que, según las cifras que expuso, dispone de aproximadamente 22 mil millones de pesos en 2026, mientras que para el año electoral de 2027 podría alcanzar los 35 mil millones de pesos.
La presidenta recordó que su propuesta de reforma electoral buscaba reducir el costo de las elecciones y el financiamiento público de los partidos políticos, pero no consiguió la mayoría necesaria para su aprobación en el Congreso.
“Lo importante desde mi punto de vista es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación, no sólo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, afirmó.
La controversia también alcanza a organismos electorales estatales. En Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) otorgó contratos a empresas vinculadas con Hernández Casillas, lo que coloca bajo escrutinio las operaciones realizadas durante la gestión de la consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez.
Estos antecedentes abren la posibilidad de revisar si las relaciones comerciales de los proveedores cuestionados se extendieron a otros organismos electorales y si sus contrataciones cumplieron con los procedimientos legales.
Mientras tanto, el Consejo General del INE designó a Blanca Yassahara Cruz como presidenta provisional, quien asumió el compromiso de revisar las contrataciones y colaborar con las autoridades fiscalizadoras.
La Cámara de Diputados deberá designar a quien concluya el periodo originalmente asignado a Taddei, previsto hasta 2032.
La renovación de la presidencia ocurre en plena organización del proceso electoral de 2027, cuando el organismo deberá garantizar tanto la continuidad de sus funciones como la transparencia de sus contrataciones.
