Una juez federal determinó que Salma ‘N’ fue víctima de violencia vicaria por parte de su exmarido, Roberto Jaime ‘N’, quien utilizó al hijo de ambos, Daniel ‘N’, para infringir daño psicológico y hostigamiento contra la madre.
El quiebre judicial y la vulnerabilidad de la custodia
La resolución federal emitida en abril de 2025 reconoció formalmente la violencia vicaria, pero el incumplimiento sistémico de las medidas dictadas amenaza ahora la estabilidad de la guarda y custodia del menor.
A pesar de la sentencia, persisten los siguientes focos de riesgo:
- Incumplimiento financiero: Roberto Jaime ‘N’ ha suspendido de forma prolongada el pago de la pensión alimenticia, alegando desconocimiento de las vías de depósito, pese a que la información consta en el expediente.
- Erosión de la seguridad: La falta de acatamiento a las medidas de protección ha colocado a Salma ‘N’ bajo la amenaza constante de perder la guarda y custodia si no se ajusta a regímenes de visitas supervisadas mal ejecutados.
- Parálisis institucional: La transición de juzgadores en el ámbito federal ha derivado en una gestión deficiente, evidenciada en diligencias fallidas que no lograron la sensibilización necesaria del menor.
Cronología del conflicto y dinámicas de control
El proceso legal, iniciado en 2021 por violencia familiar, derivó en un convenio de custodia en 2024, el cual fue fracturado por las acciones invasivas del padre.
Las actuaciones de Roberto Jaime ‘N’ que el sistema judicial ha documentado incluyen:
- Acoso escolar: El padre acudió reiteradamente al centro educativo, forzando a la madre a cambiar al menor de escuela ante el temor de los docentes y padres de familia por la conducta agresiva exhibida.
- Hostigamiento sobre el menor: El padre impuso regímenes de pesaje y dietas carentes de supervisión médica, además de exponer al niño en redes sociales mediante videos de confrontación.
- Micromachismos: El uso de epítetos despectivos contra la madre, señalándola como «irresponsable» o «mala madre» para manipular la percepción del entorno.
Deficiencias en el peritaje y la revictimización
Las diligencias diseñadas para proteger el interés superior del menor han derivado en experiencias contraproducentes que ignoran el contexto de violencia preexistente.
- Falla procedimental: La juez Perla Fabiola Estrada Ayala impidió el uso de protocolos de acompañamiento emocional con animales entrenados, reduciendo la diligencia a un encuentro carente de profundidad psicológica.
- Mecanismos de defensa: El menor, ante la presión del conflicto parental, ha desarrollado una disociación cognitiva que le lleva a idealizar la convivencia conjunta como estrategia de supervivencia emocional.
- Inacción ante el daño: A pesar de las órdenes dictadas, Roberto Jaime ‘N’ ha evadido los estudios psicológicos obligatorios y los talleres de crianza sin violencia, mientras las autoridades locales mantienen presión sobre la víctima.
La inercia del sistema ante el incumplimiento
El litigio actual muestra una divergencia entre la sentencia de amparo y las actuaciones del juzgado local, donde Salma ‘N’ enfrenta requerimientos que comprometen su entorno laboral y familiar.
- Requerimientos desproporcionados: La autoridad local ha exigido datos sensibles, como horarios de trabajo y datos de especialistas médicos, mientras ignora el impago de la pensión.
- Notificaciones de riesgo: Los regímenes de convivencia son notificados con márgenes de tiempo mínimos, utilizando la amenaza de pérdida de custodia como herramienta de presión constante contra la madre.
- Falta de intervención: Ninguna instancia ha intervenido eficazmente para obligar al progenitor a saldar sus adeudos alimentarios o cumplir con las evaluaciones de idoneidad conductual.
