La justicia estadounidense formalizó acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vinculándolo con una red de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder. De ser hallado culpable, el mandatario estatal podría recibir una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal.
Implicaciones legales de la acusación del Departamento de Justicia
El fiscal federal Jay Clayton, representante del Distrito Sur de Nueva York, junto con Terrance C. Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), hicieron pública la apertura de una acusación formal. El proceso judicial no solo señala al gobernador Rubén Rocha Moya, sino que extiende la responsabilidad penal a nueve funcionarios integrantes de su círculo político más cercano.
La Fiscalía detalla que los señalados fungieron o se desempeñan actualmente como servidores de alto rango en el gobierno y las fuerzas del orden del estado de Sinaloa. Los cargos específicos presentados ante la corte incluyen:
- Conspiración para la importación de narcóticos a territorio estadounidense.
- Conspiración para la posesión de armas de fuego de alto poder y dispositivos destructivos.
- Posesión de armamento pesado y artefactos de alta letalidad.
Escenario penal y condenas obligatorias en Estados Unidos
El marco jurídico bajo el cual se procesa este caso establece sanciones severas. Por la gravedad de los delitos imputados, el gobernador Rocha Moya enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. La sentencia máxima contemplada es la reclusión de por vida.
Este rigor judicial se aplica de manera similar a la mayoría de los coacusados en el expediente. No obstante, existe una distinción técnica en el caso de Juan Valenzuela Millán, identificado bajo el alias de “Juanito” y excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien debido a la naturaleza de los cargos y su historial, podría ser sentenciado directamente a cadena perpetua sin el beneficio del mínimo de 40 años.
Red de funcionarios y mandos policiales bajo investigación
La acusación formal desglosa una estructura que permea diversas instituciones del estado de Sinaloa, involucrando desde el poder legislativo hasta los mandos operativos de seguridad. Los perfiles identificados por la Fiscalía estadounidense son los siguientes:
- Poder Legislativo y Finanzas: Enrique Inzunza Cázarez, actual senador, y Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas.
- Procuración de Justicia: Dámaso Castro Zaavedra, en su calidad de fiscal general adjunto.
- Mandos de Investigación y Seguridad Estatal: Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad; y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exmando policial.
- Autoridades de Culiacán: Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal sustituto, junto con los exmandos de la policía local José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán.
Esta acción legal del Departamento de Justicia subraya una estrategia de persecución contra la corrupción institucional vinculada al tráfico de sustancias, señalando una ruptura profunda en la estructura gubernamental sinaloense.
