Agencias
CANCÚN.– La audiencia de prórroga del plazo de investigación en el caso del adolescente Jesús Alejandro Utrera Salazar, víctima de desaparición y posteriormente localizado sin vida en 2025, fue diferida este 13 de abril debido a la inasistencia de uno de los imputados, lo que generó reclamos de colectivos y familiares por retrasos en el proceso judicial.
De acuerdo con información difundida por el colectivo femenil Xtabay, la diligencia no pudo llevarse a cabo luego de que el Centro de Reinserción Social (Cereso) no realizara en tiempo el traslado de uno de los acusados, pese a que existía una instrucción previa del juez de control.
“La audiencia se difirió porque uno de los imputados no acudió, ya que no fue trasladado en tiempo y forma”, señalaron integrantes del colectivo, quienes acompañan a la madre del menor en el proceso.
El caso corresponde a la carpeta administrativa 1062/2025 por el delito de desaparición cometida por particulares, en la que se encuentran señalados varios imputados, quienes enfrentan el proceso bajo el principio de presunción de inocencia.
La madre del adolescente, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, acudió a la audiencia con la expectativa de avanzar en el proceso; sin embargo, el diferimiento implicará una nueva fecha y mayor tiempo de espera.

“Exigimos verdad y responsabilidad. No dejaremos que su memoria sea olvidada”, expresó el colectivo en su posicionamiento.
Jesús Alejandro fue reportado como desaparecido en enero de 2025 y posteriormente localizado sin vida meses después, en un caso que generó consternación en la entidad.
Este nuevo retraso se suma a otros casos recientes en los que audiencias han sido diferidas por diversas causas.
Colectivos de búsqueda han señalado que estas situaciones prolongan los procesos y afectan a las familias de las víctimas.
Uno de los antecedentes más recientes es el caso de Francisca Mariner, en el que una audiencia también fue pospuesta debido a fallas en la notificación a los involucrados, situación que fue cuestionada por familiares y activistas.
Ante ello, colectivos reiteraron su exigencia de que los procesos judiciales se desarrollen sin dilaciones y con apego a los derechos de las víctimas.
“La memoria es una forma de justicia cuando el Estado falla”, señalaron.
SIM









