A más de uno sorprendió la foto —primicia de Caribe Peninsular— del exgobernador Roberto Borge, en el sitio donde ahora está recluido, bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Si bien algunos medios y/o comentaristas se fueron por la delgadez de Borge o, de plano, por reseñas estilo La Rosa de Guadalupe, uno de los aspectos más llamativos fue que junto con el exgobernador estaba Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien se hizo ojo de hormiga desde más o menos 2016, cuando el entonces gobernador Carlos Joaquín armó una redada contra la corrupción borgista, que quedó poco menos que a medias.
Además de ser titular de Sefiplan, Juan Pablo “Juanpi” Guillermo Molina formó parte del Consejo de Administración de VIP Saesa, que fue uno de los epicentros de la corrupción en el sexenio de Roberto Borge.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) atribuyó a la empresa paraestatal de transporte aéreo del gobierno estatal un presunto daño patrimonial de 534 millones de pesos, investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra diversos integrantes del consejo y exfuncionarios.
En 2018 se libró una orden de aprehensión contra Juan Pablo Guillermo por ese expediente. A diferencia de otros exfuncionarios, nunca fue detenido. Su estrategia jurídica se centró en la promoción de diversos juicios de amparo para combatir la orden de captura, recursos que mantuvieron el asunto en tribunales federales durante varios años.
Reaparición y redención
El expediente de VIP Saesa sí llevó a prisión a otros integrantes del círculo borgista, como Carlos Acosta Gutiérrez, exdirector de la empresa; Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno; Ercé Barrón Barrera, exsecretario de Infraestructura y Transporte; y Víctor Hugo Loyola Corona, exdirector de CAPA, quienes fueron detenidos y posteriormente obtuvieron su libertad mediante resoluciones judiciales. Otros exintegrantes del Consejo de Administración, como Mauricio Góngora Escalante, Luis Alberto González Flores, Román Quian Alcocer y Gonzalo Herrera Castilla, también fueron incluidos en las investigaciones, pero no pisaron la cárcel.
Además del caso VIP Saesa, Juan Pablo Guillermo ha enfrentado investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos, denuncias promovidas por órganos fiscalizadores y un juicio político impulsado por la organización Somos Tus Ojos.
En 2026, un tribunal federal ordenó al Congreso de Quintana Roo determinar si ese procedimiento aún puede continuar o si prescribió, por lo que la XVIII Legislatura integró una Comisión Instructora para resolver ese aspecto.
Muchos atribuyen que Carlos Joaquín optó por no proceder contra Guillermo Molina, precisamente por su relación con la llamada «casta divina» de Mérida. La explicación que con mayor frecuencia se ha mencionado es la relación que existía entre ambas familias. El exsecretario de Turismo nació y creció en Mérida y la familia Molina mantenía una relación de negocios con la familia Joaquín en la actividad de recepción de cruceros. Sin embargo, nunca hubo una explicación oficial sobre por qué la orden de aprehensión contra Juan Pablo Guillermo no fue ejecutada.
Borgismo
Pero el presente resulta aún más trágico-cómico. El borgismo está de vuelta con una sonrisa de oreja a oreja. Algunos de sus integrantes han regresado a la política; otros nunca se fueron. Incluso hay quienes hoy militan en Morena. Cada vez se suman más a la 4T y ya hacen su luchita para convertirse en candidatos a presidentes municipales o diputados.
Lo que hace unos años parecía políticamente un capítulo cerrado hoy empieza a verse como parte de una nueva normalidad.
