Lorena Gutiérrez Rangel y Jesús Quintana Vega, padres de Fátima Varinia, transformaron once años de impunidad y violencia institucional en una pieza cinematográfica de alto impacto editorial. El documental Querida Fátima, realizado bajo la dirección colectiva de Rodrigo Reyes y la Colectiva Varinia, compite actualmente por el galardón principal en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), posicionándose como un activo de memoria histórica y denuncia social.
La obra, de 83 minutos de duración, narra la historia de Fátima, quien a los 12 años fue asesinada por tres vecinos en el municipio de Lerma. El relato trasciende el hecho delictivo para exponer un arco argumental de resistencia frente a amenazas de muerte y un sistema judicial que los padres califican como opresor. La producción no solo recupera la identidad de la víctima, sino que documenta el tránsito de la familia por tribunales locales y la Suprema Corte, convirtiendo a Lorena Gutiérrez en un referente nacional de la lucha por la justicia.
La narrativa del documental revela una segunda pérdida devastadora para la familia: el fallecimiento de Daniel, el hijo menor, el 24 de noviembre de 2020. El joven estudiante de preparatoria murió a causa de una úlcera no detectada tras acudir a tres instituciones de salud, incluyendo el Hospital Universitario, donde fue diagnosticado erróneamente con ansiedad sin mediar una revisión física, a pesar de manifestar dolor abdominal severo.
- Estatus del caso Daniel: Seis años después, la investigación permanece en etapa inicial sin avances significativos.
- Fuga de responsables: Un médico vinculado al proceso, responsable de suministrar una inyección al menor, evadió la justicia trasladándose a Alemania.
- Violencia institucional: La familia denuncia que la búsqueda de justicia por Fátima derivó en una desatención sistémica que cobró la vida de su segundo hijo.
El cineasta Rodrigo Reyes aceptó la propuesta de los padres para integrar un equipo multidisciplinario que incluye a figuras como Dawn Valadez, Su Kim, Davi Merchan, Inti Cordera y Carter Logan. Esta metodología de trabajo horizontal permitió que los propios padres fungieran como codirectores, influyendo en cada etapa del desarrollo, desde la realización de entrevistas hasta la redacción de los textos que Lorena declama en pantalla.
La película sigue la protesta de Lorena durante cinco días, culminando en manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México el Día Internacional de la Mujer. El objetivo fáctico es confrontar a la sociedad y al Estado con la realidad de las víctimas, utilizando el cine como una plataforma para exigir una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, apelando a la sensibilidad de la primera mujer mandataria en la historia del país.
A una década del homicidio de Fátima, la familia enfrenta un panorama legal complejo. Aunque se obtuvieron sentencias, las reformas judiciales permitieron reducir la condena de prisión vitalicia a 70 años para uno de los agresores, José Juan Hernández Tecruceño. Asimismo, uno de los implicados recuperó su libertad tras cumplir solo cinco años en un centro de internamiento para menores, debido a que contaba con 17 años al momento del crimen.
«Nos dijeron que tenían que respetarle su derecho a un proyecto de vida, pero se les olvidó que él dispuso del proyecto de vida de mi hija Fátima», denuncia Lorena Gutiérrez ante la simulación institucional.
La familia y el realizador sostienen que el feminicidio en México opera como una pandemia incontrolable que las autoridades intentan ocultar mediante la reclasificación de delitos a homicidios simples. El documental subraya que, mientras el Estado de México registra asesinatos diarios, las víctimas son obligadas a vivir bajo medidas de protección, convirtiéndose en prisioneros dentro de su propio país mientras los victimarios acceden a beneficios procesales.
Querida Fátima se presenta no como una historia de ficción, sino como una realidad técnica que busca generar conciencia global. La exigencia de la familia es clara: derecho a la verdad, reparación integral del daño y un cese a la simulación gubernamental que permite que más de once mujeres sean asesinadas diariamente en el país.
