La desaparición de John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager, un menor de cinco años con nacionalidades mexicana, estadounidense y francesa, ha desencadenado una crisis de credibilidad para las autoridades de Morelos. Macey Ambur Lee Oehlenschlager, madre del niño, denunció que su hijo fue sustraído por su padre, Benoit Jean Nicolas Allouche, durante un régimen de convivencia autorizado judicialmente, señalando una cadena de negligencias administrativas y judiciales que retrasaron la búsqueda crítica.
La Fiscalía General del Estado, bajo la gestión de Fernando Blumenkron Escobar, activó la Alerta Amber cinco días después de la denuncia inicial, solo tras la presión ejercida en redes sociales y medios de comunicación. La familia acusa que la respuesta institucional fue obstaculizada por errores sistemáticos, como la captura incorrecta de números de carpeta de investigación y fallas en los datos generales del menor dentro de los documentos oficiales, lo que obligó a rehacer oficios en múltiples ocasiones y dilató las acciones de localización migratoria.
A pesar de existir antecedentes documentados de violencia familiar desde 2024, las autoridades ministeriales y judiciales inicialmente desestimaron el riesgo, permitiendo convivencias sin supervisión. Esta decisión fue avalada por la jueza Patricia Rojas Vargas, a quien la familia señala por ignorar reportes de lesiones previas en el menor y ampliar los periodos de visita sin medidas de protección adecuadas, lo que facilitó la sustracción del infante el pasado viernes.
- Identidad del menor: John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager, 5 años (mexicano-estadounidense-francés).
- Presunto responsable: Benoit Jean Nicolas Allouche, ciudadano francés con alto poder adquisitivo.
- Fallas críticas: Retraso de 120 horas en la emisión de Alerta Amber y falta de alerta migratoria oportuna.
- Instituciones señaladas: Fiscalía Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (FENA) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La madre del menor sostiene que la capacidad económica del padre ha influido en la parcialidad de diversas autoridades. Entre los señalamientos destacan las actuaciones de especialistas en psicología como Mariana Itzel Galeana, Beatriz Gravito Gorostieta y Nancy Georgina Treviño, a quienes se les atribuye la manipulación de valoraciones y restricciones a la supervisión materna. Macey Oehlenschlager presentó evidencia en video donde se observa a una de las psicólogas alterando sistemas de videovigilancia doméstica y alejando al niño para, presuntamente, condicionar su comportamiento mediante incentivos materiales.
En el ámbito internacional, la Embajada de Francia ha solicitado informes del caso para evaluar acciones consulares, aunque la demora en las alertas oficiales limitó su capacidad de intervención inicial. Existe un temor fundado de que el menor haya sido trasladado fuera de Morelos, con posibles destinos en Guerrero, Puebla o incluso una salida ilícita del país, dada la triple nacionalidad del infante.
Ante la parálisis del aparato de justicia local, la familia realizó un llamado urgente a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que intervenga en la revisión del caso y acelere las acciones de localización. La madre calificó la actuación de los organismos de protección como una complicidad con su agresor, mientras que, hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Justicia han emitido una postura oficial sobre el paradero de John Peter.
