El colectivo de comunidades indígenas en Michoacán ha escalado sus demandas de seguridad, ejecutando el bloqueo de cinco carreteras estratégicas. Esta movilización responde a la inacción gubernamental tras el ataque del 6 de mayo que devastó a la comunidad purépecha de Acachuén, resultando en dos muertes.
El ataque que encendió la resistencia purépecha
La movilización indígena en Michoacán surge como una respuesta directa a la percibida falta de acción por parte del Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. El 6 de mayo de 2026, un comando perpetró un ataque devastador contra la comunidad purépecha de Acachuén, situada en el municipio de Chilchota. Este incidente, en el que se presume la participación de la Policía Municipal, cobró la vida de dos adultos mayores, exacerbando la tensión en la región. La comunidad de Acachuén, desde la fecha del ataque, inició un bloqueo en la carretera Cherán-Zamora, marcando el inicio de una protesta que se intensificaría significativamente.
La estrategia de bloqueo que paraliza a Michoacán
El lunes 11 de mayo de 2026, las comunidades integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ampliaron sus acciones de protesta, sumando cuatro puntos de bloqueo adicionales. A la ya existente interrupción en la carretera Cherán-Zamora, se unieron cierres estratégicos en la carretera Zacapu–Zamora, específicamente en la desviación a Purépero. Otras vías afectadas incluyeron la carretera Pátzcuaro–Uruapan, a la altura de San Juan Tumbio, y la carretera Paracho–Uruapan, en el municipio de Paracho. La protesta escaló hasta la autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, con un bloqueo en la caseta de Zirahuén, donde el Gobierno del Estado desplegó elementos antimotines.
Cómo el crimen organizado irrumpió en Acachuén
Los habitantes de Acachuén, desde el punto de bloqueo en la carretera Cherán-Zamora, relataron los detalles del ataque del 6 de mayo. Aquel día, una camioneta ingresó a la comunidad, hostigando a comuneras e intentando imponer directrices sobre sus actividades comerciales, incluso en tiendas de abarrotes, un patrón que ya se había manifestado en el pasado. Los agresores, al circular a alta velocidad por las calles de la comunidad, generaron una confrontación con los residentes, quienes, «hartos de estos cabrones», intentaron hacerles frente. En respuesta, miembros del crimen organizado extrajeron armas y abrieron fuego, resultando en la trágica muerte de dos comuneros.
El CSIM denuncia represión y políticas fallidas
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán emitió una denuncia contundente ante la presencia de fuerzas de seguridad en la caseta de Zirahuén, señalando una contradicción en la respuesta gubernamental. «Contra el pueblo muy cabrones, con el narco correlones, así responde Alfredo Ramírez Bedolla a las comunidades indígenas», fue el reporte difundido por el CSIM, acompañado de imágenes. La organización responsabilizó al gobernador de cualquier incidente futuro, acusando al Gobierno de Michoacán de adoptar tácticas de represión y criminalización contra quienes ejercen su derecho a la manifestación.
Además, el CSIM ha calificado a Michoacán como un «laboratorio de políticas públicas fracasadas» y un epicentro de inseguridad e injusticia sistémica. A pesar de la implementación de cinco «Planes de Justicia» (el Plan Michoacán, Plan Lázaro Cárdenas del Río, Plan de Justicia P’urhépecha, Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda, y el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano), la organización lamenta que «diariamente siguen desapareciendo, asesinando y extorsionando a cientos de michoacanos y habitantes de los pueblos indígenas». Cuestionaron directamente la efectividad de estas iniciativas: «¿Dónde está la justicia que tanto anuncian en sus conferencias?».
La respuesta oficial minimiza la crisis indígena
Durante la rueda de prensa semanal del lunes 11 de mayo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla restó importancia a las movilizaciones indígenas. El mandatario priorizó otros temas de interés, como las especificaciones técnicas de las cabinas del Teleférico en construcción en Morelia y la celebración del concierto de El Buki por el Día de las Madres. Sobre la exigencia de las comunidades, el gobernador se limitó a responder a una pregunta expresa, asegurando que existe «acercamiento y diálogo permanente» y que se mantienen «mesas de trabajo todas las semanas», una declaración que contrasta con la intensidad de la protesta y las denuncias del CSIM y Acachuén.
Las exigencias irrenunciables de una comunidad golpeada
Los habitantes de Acachuén han establecido un conjunto de demandas innegociables, advirtiendo que no retrocederán en sus exigencias hasta que sean atendidos directamente por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La comunidad, que lleva seis días de «lucha incesante», cuestiona la «insensibilidad» y la «discriminación» del Gobierno del Estado hacia su situación.
Las tres solicitudes clave son:
- Destacamento militar permanente: La instalación de un destacamento permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la comunidad, con el objetivo de disuadir futuras incursiones del crimen organizado.
- Indemnización y cobertura médica: La exigencia de que el Estado mexicano indemnice a las familias de los dos comuneros fallecidos y asuma la totalidad de los gastos médicos del tercer individuo que resultó herido durante el ataque.
- Apoyo a la guardia comunitaria: El respaldo institucional para formalizar y establecer una Guardia Comunitaria, una medida que busca fortalecer la autoprotección y la seguridad interna de la comunidad.
