
La justicia mexicana enfrenta un desafío crítico. Al cierre de 2024, el 36.3 por ciento de las personas privadas de la libertad en México, lo que suma 236 mil 773 individuos, permanecía sin una sentencia firme. Este dato, revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) de 2025, expone una realidad preocupante sobre la prisión sin sentencia México.
Panorama actual de la prisión preventiva
El Inegi, bajo la presidencia de Graciela Márquez, detalló que de las 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, una parte significativa se encontraba en prisión preventiva:
- El 38 por ciento estaba en prisión preventiva justificada, cuya pertinencia es evaluada por un juez.
- El 47 por ciento se encontraba en prisión preventiva oficiosa, aplicada de forma automática al ser acusadas de ciertos delitos.
- Un 2.2 por ciento correspondía a otro supuesto jurídico.
- Para el 12.8 por ciento restante, no se identificó el tipo de estatus jurídico.
En una comparativa interanual, el porcentaje de personas sin sentencia a nivel nacional mostró una leve disminución, pasando del 37.2 por ciento en 2023 al 36.3 por ciento en 2024. Pese a esta ligera baja, el dato se mantiene arriba del 35 por ciento.
Disparidades por género y entidad federativa
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La situación de la prisión preventiva varía significativamente entre géneros y regiones:
- Por sexo: El 31.2 por ciento de las mujeres y el 38.5 por ciento de los hombres estaban en prisión preventiva justificada. En contraste, el 56.4 por ciento de las mujeres y el 46.2 por ciento de los hombres se encontraban en prisión preventiva oficiosa.
- Por entidad federativa: El estado de México y Michoacán reportaron un preocupante 100 por ciento de su población privada de la libertad sin sentencia en prisión preventiva oficiosa.
Implicaciones y duración de la espera judicial
La ausencia de una sentencia puede acarrear detenciones prolongadas, vulneración de derechos fundamentales y serias dificultades para que los acusados preparen una defensa adecuada. El Inegi destaca que, al cierre de 2024, el 25.6 por ciento de las mujeres y el 22.3 por ciento de los hombres llevaban dos años o más en espera de su sentencia, evidenciando los tiempos excesivos que pueden transcurrir en el sistema penal mexicano.
Ingresos penitenciarios y tasas nacionales
Durante el año 2024, ingresaron 140 mil 510 personas a los centros penitenciarios y centros especializados en México. De este total, 2 mil 195 fueron a centros penitenciarios federales (CPF) y 138 mil 315 a centros penitenciarios estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes (CPE). De los ingresos a los CPE, 136 mil 753 fueron personas adultas y mil 562 adolescentes. Aunque los ingresos disminuyeron un 4.9 por ciento en comparación con 2023, la cifra de 2024 representa el segundo dato más alto desde 2017. Los centros penitenciarios del estado de México y Ciudad de México registraron la mayor cantidad de ingresos, con 35 mil 771 y 25 mil 584, respectivamente.
La tasa de personas privadas de la libertad o internadas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional fue de 179. Por sexo, la tasa fue de 48.8 por cada 100 mil mujeres y de 314.9 por cada 100 mil hombres. Por entidad federativa, Sonora y Baja California registraron las tasas más altas, con 381.0 y 319.2.
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Radiografía de los delitos más frecuentes
Respecto a los centros penitenciarios estatales y centros especializados, se reportaron 166 mil 567 delitos por los cuales ingresaron las personas a dichos centros, correspondiendo el 8.6 por ciento a mujeres y el 91.4 por ciento a hombres. El tipo de delito más frecuente para las mujeres fue contra la salud relacionados con narcóticos, con un 34.4 por ciento en delitos federales. En el caso de los hombres, el mayor porcentaje correspondió a delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, con 33.7 por ciento. Para ambos sexos, en los centros estatales y especializados, el delito más recurrente fue el robo, con un 25.6 por ciento para mujeres y un 27.2 por ciento para hombres. Le siguieron los delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, que cometió el 24.4 por ciento de las mujeres y el 20.5 por ciento de los hombres.
La persistencia de un elevado porcentaje de personas sin sentencia en las prisiones mexicanas, junto con la predominancia de la prisión preventiva oficiosa, plantea interrogantes urgentes sobre la efectividad y equidad del sistema de justicia penal. ¿Hasta qué punto la falta de una resolución judicial oportuna socava los principios de inocencia y el derecho a un debido proceso, y cuáles son las implicaciones a largo plazo para la credibilidad del estado de derecho en México?