Redacción
CANCÚN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila invalidar diversos artículos de la reforma al Poder Judicial de Quintana Roo, de acuerdo con un proyecto de resolución que será discutido por el Pleno el próximo 6 de julio, al considerar que el Congreso del Estado rebasó los límites establecidos por la Constitución federal, señaló Observatorio Legislativo.
El proyecto propone declarar inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la reforma constitucional local, al concluir que invaden atribuciones reservadas por la Constitución federal, alteran el modelo nacional de organización judicial y pretenden prorrogar cargos de magistrados fuera de los plazos previstos en la reforma judicial.
Entre los puntos que la Corte plantea invalidar se encuentran la facultad del Tribunal Superior de Justicia para reorganizar salas mediante acuerdos generales; la posibilidad de fijar discrecionalmente la duración de magistraturas unitarias; la exclusión de la Magistratura para Adolescentes del esquema de elección popular; y el mecanismo para designar las presidencias del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.
El proyecto también propone invalidar la prórroga automática hasta 2033 de magistrados cuyo encargo concluyera después de la elección extraordinaria de 2025, al considerar que contradice el calendario establecido por la reforma judicial federal, que ordena renovar esos cargos mediante voto popular, a más tardar, en la elección ordinaria de 2028.
De aprobarse el proyecto, el Congreso de Quintana Roo deberá reformar nuevamente la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar las disposiciones invalidadas, además de adecuar el calendario de la elección judicial y el funcionamiento de los nuevos órganos de administración y disciplina judicial. Mientras se realizan esos cambios, las autoridades deberán aplicar directamente las disposiciones de la Constitución federal.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que la reforma aprobada por la XVIII Legislatura excedió las facultades del Congreso local. El proyecto será analizado por el Pleno de la SCJN en la sesión programada para el 6 de julio.
Comunicado completo:
