El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California formalizará un proceso de juicio político contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras la divulgación de audios que sugieren una supuesta colusión con autoridades estadounidenses y manejo irregular de información estratégica de seguridad.
Exigencia de separación del cargo y blindaje institucional
La dirigencia estatal del PAN demanda la licencia inmediata de la gobernadora y su exclusión de las mesas de seguridad para evitar la filtración de información sensible a agencias extranjeras.
Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en Baja California, articuló las exigencias del partido bajo las siguientes premisas:
- Riesgo operativo: La presencia de la gobernadora en las mesas de seguridad compromete la integridad de la información, ante la posibilidad de que esta sea utilizada en investigaciones en Estados Unidos.
- Acompañamiento jurídico: El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, respalda un despliegue legal que incluye acusaciones por presunta traición a la patria y el inicio formal del juicio político.
- Descalificación de autoridades: Mata Lozano criticó la postura de Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, a quienes acusó de minimizar los hechos y faltar a la verdad sobre la relevancia de los temas tratados en dichas reuniones.
La antesala de una posible extradición
El bloque opositor sostiene que el comportamiento de la mandataria estatal muestra patrones críticos que anticipan un declive en su gestión administrativa y legal.
Según la legisladora Eva María Vázquez, la situación actual presenta las siguientes irregularidades que requieren fiscalización:
- Opacidad financiera: Persiste la incertidumbre sobre el origen de los recursos utilizados para la contratación del abogado Michel Nadler, vinculado a los procesos de la gobernadora.
- Vulnerabilidad legal: El tono de voz en los audios filtrados denota una preocupación por un proceso de extradición que la oposición califica de inminente.
- Negociaciones paralelas: Existe la sospecha de que la información de seguridad nacional está siendo utilizada como moneda de cambio ante agencias como el FBI para mitigar consecuencias judiciales.
- Paralelismo con Sinaloa: Se establece una comparación con el caso de Rubén Rocha Moya, sugiriendo que la separación del cargo es el único cauce responsable ante la gravedad de las filtraciones.
Acciones de fiscalización y escrutinio estatal
El PAN solicita la intervención inmediata de los órganos de control locales para auditar las acciones de la titular del Ejecutivo estatal.
Las instancias requeridas para el inicio de las indagatorias son:
- Secretaría de la Honestidad y la Función Pública: Se ha exhortado a este organismo para que determine si existen elementos suficientes para una investigación formal sobre los hechos expuestos.
- Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción: Se espera que la institución analice el material difundido para deslindar posibles responsabilidades administrativas o penales.
- Congreso de Baja California: Se mantienen los trabajos legislativos para consolidar las bases jurídicas que sustenten la procedencia del juicio político contra la gobernadora.
