La detención ilegal, tortura y fabricación de delitos contra Macario García Merino, líder del MULTI y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, en Oaxaca, revela un presunto acuerdo político para criminalizar su labor en defensa de comunidades triquis desplazadas.
La captura violenta: un operativo sin orden judicial
El 15 de mayo de 2026, alrededor de las 09:30 horas, el profesor Macario García Merino, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y de los desplazados de Tierra Blanca Copala, fue víctima de una detención arbitraria en su domicilio. A pesar de contar con la Medida Cautelar MC-279-22 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su arresto se ejecutó con un lujo de violencia desproporcionado.
Tres policías estatales ingresaron a su hogar sin presentar orden judicial alguna, bajo el pretexto de realizar rondines por las medidas cautelares. Confiado, el profesor salió al corredor de su casa. Allí, fue sorprendido y sometido violentamente por al menos diez agentes policiales.
Macario García Merino recibió golpes y fue subido a una patrulla. Una vez inmovilizado, un policía colocó su rodilla sobre el cuello del detenido mientras el vehículo comenzaba su trayecto, un acto que evidencia el inicio de la tortura. Durante el operativo, la policía disparó armas de fuego y lanzó gas lacrimógeno contra su familia, que incluía menores de edad y un joven con discapacidad, poniendo en riesgo sus vidas sin justificación. Todos estos eventos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del domicilio, según testimonios.
Del «disparo» al «homicidio»: el montaje de la fiscalía
Tras su detención inicial, el profesor Macario García Merino fue trasladado a Santa Rosa Caxtlahuaca. Allí, fue subido a una camioneta blanca cerrada con vidrios polarizados y entregado a individuos uniformados de negro y armados. Estos últimos nunca informaron a qué cuerpo policial pertenecían ni proporcionaron información alguna a sus familiares sobre su paradero, configurando un acto de desaparición forzada.
Ante la presión generada por un amparo contra actos del artículo 22 constitucional y una denuncia pública, la Fiscalía General del Estado permitió que, a las 19:30 horas del mismo 15 de mayo, su abogada defensora lograra verlo brevemente en Ciudad Judicial. En ese encuentro, se le notificó que su detención respondía a un «disparo de arma de fuego» y que había sido puesto a disposición por la policía estatal.
El 16 de mayo, abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) acudieron al Ministerio Público, donde se les informó que el profesor había sido liberado la noche anterior. La falta de información sobre su paradero generó la presunción de una nueva desaparición forzada, lo que impulsó la promoción de un nuevo amparo para su búsqueda y localización.
Posteriormente, elementos de seguridad comunicaron que Macario «ya había sido sacado a su audiencia», donde era asistido por un defensor público. La defensa expresó desconfianza debido a que el actual director de la Defensoría Pública del Estado es parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), una situación que, para CEDHAPI, confirma la operación estatal para criminalizar al defensor.
Los abogados defensores lograron constatar que Macario García Merino ahora era acusado de homicidio. Se le imputaba una orden de aprehensión «fabricada» dentro de la causa penal 307/2019. Esta orden, librada por el juez Carlos Alan Rodríguez Alcalá del circuito Judicial de Valles Centrales, fue emitida el mismo día de su detención, el 15 de mayo de 2025. La supuesta ejecución, sin embargo, la realizaron policías estatales de investigación a las 8:30 de la noche del 15 de mayo de 2026, afuera de las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Esta cronología contradice la versión inicial de la Fiscalía y evidencia un «montaje judicial» para mantenerlo encarcelado.
Además, la Secretaría de Gobierno circuló una fotografía de Macario García Merino con el letrero de «localizado», junto a una persona de la Comisión Estatal de Búsqueda. No obstante, esa imagen fue capturada mientras el profesor ya se encontraba en una audiencia virtual con el juez de control, no en el momento de su localización efectiva. Maurilio Santiago Reyes, presidente de CEDHAPI, denunció que la detención arbitraria de Macario García Merino surge de pactos y deudas políticas entre el Gobierno de Oaxaca y dirigentes del MULT. Afirmó que la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía señalaron falsamente que vecinos reportaron disparos en la casa del profesor, una versión desmentida por las cámaras de seguridad que no registraron disparos previos a la detención. También se sostuvo que existían cuatro órdenes en su contra, cuando en realidad solo una fue librada el día de su arresto, lo que refuerza la denuncia de fabricación de delitos. La contradicción entre la supuesta liberación y la posterior acusación de homicidio evidencia la intención de mantenerlo privado de libertad mediante artificios legales.
Medidas cautelares ignoradas: la violación de derechos internacionales
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la vida, la libertad y el derecho a no sufrir tortura del profesor Macario García Merino, especialmente al ser beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Como Estado parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos, México está comprometido a no realizar detenciones ilegales, no fabricar delitos y no criminalizar a defensores comunitarios.
La persecución contra Macario García Merino constituye una violación grave de estos compromisos. Refleja un patrón de criminalización hacia quienes representan a víctimas de desplazamiento forzado en Tierra Blanca Copala, socavando los principios de justicia y protección de los derechos humanos.
Demandas urgentes: frenar la criminalización de defensores
Tanto los familiares de Macario García Merino como el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas han realizado una serie de pronunciamientos y demandas urgentes:
- Liberación inmediata del profesor Macario García Merino.
- Cese de la criminalización y persecución política contra defensores comunitarios.
- Sanción a los responsables materiales y políticos de la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada.
- Garantías de seguridad para su familia y para las comunidades desplazadas de Tierra Blanca Copala.
La defensa de los derechos humanos de las comunidades triquis y sus líderes, como Macario García Merino, se mantiene como una prioridad crítica frente a estas acciones que atentan contra la justicia y el debido proceso.
