Ariadna Montiel, presidenta de Morena, anunció la presentación de una denuncia formal contra el gobierno de Chihuahua tras acusar la «violencia» ejercida durante una marcha. Este escalamiento confronta directamente a la administración estatal por presuntos intentos de coartar la movilización política.
La denuncia formal que redefinió el pulso político
La dirigente morenista, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, informó el lunes 18 de mayo de 2026, a las 14:19 horas desde la Ciudad de México, que su partido interpondría una denuncia contra la administración del estado de Chihuahua. La acusación central versa sobre la presunta «violencia» ejercida contra una marcha organizada por Morena el sábado previo. Este anuncio, realizado en una conferencia de prensa desde el Hotel Marriot, subraya una intensificación de la confrontación política en la entidad.
Montiel expresó públicamente su satisfacción con el desenlace de la movilización, a pesar de los incidentes reportados. Su declaración enfatizó el éxito percibido de la convocatoria, que, según sus palabras en redes sociales, se llevó a cabo por la «Seguridad y la Paz» en Chihuahua. La presidenta de Morena indicó que se proporcionarían detalles sobre las «acciones a seguir en el estado» y se abordarían «temas de coyuntura nacional», delineando una estrategia de partido ante los eventos recientes.
El camino hacia la movilización: entre consignas y adversidades
La marcha, eje de la controversia, se realizó el sábado anterior al anuncio de la denuncia y tenía como objetivo manifestar inconformidad contra la gobernadora Maru Campos. A pesar de que Morena la calificó como un éxito, la narrativa de la dirigencia se centró en los «intentos del gobierno estatal por impedirla», lo que finalmente llevó a la acusación de haber sido «violentada». La naturaleza exacta de esta «violencia» o impedimento es un punto crítico en la disputa política que ahora se canalizará a través de una denuncia formal.
El evento no solo buscaba presionar a la administración local, sino también reafirmar la presencia y capacidad de movilización del partido en el estado. El contexto de una marcha por la Seguridad y la Paz que, según los organizadores, fue obstaculizada por el gobierno, plantea interrogantes sobre el respeto a la libertad de expresión y manifestación en el ámbito político.
Escalada de hostilidad: el recibimiento en el aeropuerto
El mismo fin de semana de la marcha, Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán arribaron al aeropuerto de Chihuahua. Su llegada fue marcada por un ambiente de hostilidad notable. Ciudadanos locales recibieron a los dirigentes con una serie de reclamos, empujones y abucheos. Las consignas como «Fuera Morena» resonaron en el lugar, y la carrocería del vehículo en el que se trasladaban fue golpeada.
Este incidente en el aeropuerto cobró relevancia cuando Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, emitió una declaración a través de redes sociales. Martínez apuntó directamente al gobierno estatal, señalando que la recepción fue orquestada por «gente de Maru Campos con carteles», y sugirió que «parece que son gente del DIF». Esta vinculación directa del incidente con la administración de Maru Campos añade una capa de intencionalidad a los actos hostiles y refuerza el argumento de Morena sobre la intervención gubernamental en sus actividades.
Las implicaciones de la confrontación en el escenario estatal
La denuncia anunciada por Ariadna Montiel marca un giro en la dinámica política de Chihuahua. La acusación de «violentar» una marcha y la presunta organización de un recibimiento hostil en el aeropuerto por parte de «gente de Maru Campos» o «gente del DIF», configuran un escenario de confrontación directa entre Morena y el gobierno estatal. Este conflicto no solo se limita a la esfera política, sino que también permea la percepción pública sobre el ejercicio del poder y las libertades civiles en la entidad.
La respuesta del gobierno de Chihuahua y el desarrollo de la denuncia legal serán determinantes para el futuro político de la región. La tensión escalada entre ambos frentes podría influir en futuras movilizaciones y en el discurso público, posicionando a Chihuahua como un punto focal de la disputa política nacional.
