El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, refuta a Claudia Sheinbaum al confirmar denuncias de violencia e intervención criminal en las elecciones de Sinaloa 2021. La validación se dio por falta de impugnaciones al TEPJF, no por ausencia de irregularidades.
La voz disidente: Un exconsejero refuta la versión presidencial
Lorenzo Córdova Vianello, quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha afirmado la existencia de denuncias e indicios de violencia y la intervención de grupos criminales durante las elecciones para el gobierno de Sinaloa en 2021. En dichos comicios resultó triunfador el morenista Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia y señalado en Estados Unidos por supuestos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Esta declaración surge como respuesta directa a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien previamente aseguró que la elección fue validada y que «no hubo ninguna prueba» determinante para su anulación.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, Córdova precisó que la validación jurídica de la elección ocurrió porque las impugnaciones pertinentes no escalaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Reconoció que Sheinbaum acierta al señalar la validación legal, pero cuestionó la inacción de las autoridades ministeriales en el avance de las investigaciones relativas a los hechos que fueron denunciados.
La ausencia de impugnaciones ante la instancia federal significó que «al no impugnarse, se valida la decisión, se confirma la decisión de la instancia local», explicó Córdova. Sin embargo, enfatizó que las irregularidades «las hubo» y fueron denunciadas. Argumentó que estos hechos «no fueron juzgados determinantes por las instancias correspondientes, que no el INE, como dijo la presidenta, y mucho menos un servidor, para anular esa elección».
Más allá del veredicto legal: La anatomía de las irregularidades de Sinaloa
El exconsejero recordó que el Tribunal Electoral federal únicamente atendió impugnaciones vinculadas a multas por fiscalización, incluyendo sanciones impuestas contra Morena. El tribunal determinó que no se configuraban las hipótesis legales para una anulación por rebase de gastos de campaña, un punto distinto a la violencia electoral.
La interrogante central de Córdova se dirige a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE): «¿por qué la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que tenía estas denuncias, que tenía el conocimiento de los hechos, pues no avanzó?». Rememoró que esta misma fiscalía en el pasado «le negó información al INE» y emprendió litigios para obstruir el acceso del organismo electoral a expedientes de relevancia, como los casos Odebrecht y Pío López Obrador.
Durante la jornada electoral en Sinaloa, se documentaron múltiples incidentes en diversas casillas, concentrándose principalmente en municipios del norte de la entidad, tales como Guamúchil, Guasave y Los Mochis. Los reportes indican que en varias casillas, la votación fue interrumpida por la presencia de individuos armados. Adicionalmente, se registraron eventos de «robo del material electoral» y en otros puntos «hubo un robo de casillas».
Expedientes silenciados: Las denuncias que no avanzaron
El INE tuvo conocimiento de numerosos hechos ilegales, constituyentes de delitos electorales, y existen carpetas de investigación abiertas desde hace cinco años que derivan de esas denuncias. Se han identificado al menos cuatro carpetas específicas:
- FED/SIN/MOCH/0000747/2021: Iniciada el 6 de junio de 2021, esta carpeta se relaciona con incidentes en las secciones 0283, 0284, 0285 y 0286. En estas zonas, un grupo armado presuntamente amenazó a funcionarios de casilla con el fin de suspender la votación y provocar el cierre de los centros de votación.
- FED/FEDE/FEDE-SIN/0000453/2021: También abierta el 6 de junio de 2021, esta investigación indaga el presunto apoderamiento de urnas con boletas electorales en 18 casillas por parte de un grupo armado.
- FED/SIN/MOCH/0000746/2021: Este expediente está vinculado con el presunto robo de documentación y materiales electorales en la casilla 0071B.
- CEULA: B-V-4 FEDE, asociada a la carpeta FED/FEDE/FEDE-SIN/0000875/2021: Expediente generado a partir de denuncias presentadas por personal electoral.
Córdova señaló que estas carpetas de investigación, iniciadas por el personal del INE, han permanecido sin avance durante cinco años en fiscalías que, aunque formalmente autónomas, han estado «muy vinculadas con el oficialismo», sin que se haya llegado a ninguna conclusión. Los incidentes fueron debidamente reportados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIGE), herramienta empleada para monitorear en tiempo real el desarrollo de los comicios y sus incidencias. Esta información, según Córdova, fue también integrada en las impugnaciones interpuestas contra la elección de gobernador de Sinaloa por los partidos de oposición de aquel momento.
Límites de la autonomía: Cuando el INE cede el testigo
Córdova clarificó que el INE tuvo responsabilidades operativas durante la jornada electoral debido a la concurrencia de elecciones federales y locales. Las tareas del instituto incluyeron la instalación de casillas, la integración de mesas directivas, la capacitación de funcionarios y la fiscalización de gastos. Sin embargo, hizo hincapié en que la organización local pasó a ser responsabilidad de las autoridades electorales estatales tras la noche de la elección.
«La elección que está siendo cuestionada con estas indagatorias, desde los Estados Unidos, es la elección de gobernador, es decir, una elección local que el INE organizó, pero hasta la noche de la elección, en donde dejó de tener toda responsabilidad», puntualizó Córdova.
La rapidez de una validación: El Tribunal de Sinaloa en el ojo del huracán
El exconsejero precisó que la validación de la elección local correspondió al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, no al INE. La resolución fue aprobada en una sesión que, según se ha reportado, «duró cuatro minutos y medio». Córdova también destacó que la magistrada ponente del proyecto de validación fue Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien figura entre las personas señaladas por las autoridades estadounidenses, junto con el gobernador con licencia Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Córdova insistió en que los hechos relacionados con la violencia electoral en Sinaloa eran de dominio público desde 2021 y desestimó cualquier acusación de omisión por parte del INE. «Irregularidades hubo. El INE tuvo conocimiento de las mismas y las denunció penalmente», afirmó. En este contexto, sostuvo que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el proceso electoral «están plagadas de falsedades» y sugieren una intención de «escurrir el bulto de una responsabilidad que inevitablemente si hay que buscarla en algún lado, es en Morena, que es el partido que postuló a Rocha Moya». La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con «Los Chapitos» y la supuesta intervención del grupo criminal en su favor durante la elección de 2021, añade una capa de complejidad al debate.
Un giro decisivo: El 2021 como fractura en la política electoral
Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, corroboró la existencia de «un clima de violencia asociado al proceso electoral». Afirmó que hubo actores políticos que optaron por no seguir adelante con denuncias o impugnaciones debido a un ambiente de amenazas e intimidación. Los hechos, según Jacobo, «pasaron más bien de amenazas a actos de intimidación o retención de personas antes y durante la jornada electoral».
Jacobo Molina recordó que estos sucesos fueron denunciados públicamente, incluso por Mario Zamora, entonces candidato opositor, quien el día de la elección solicitó la liberación de integrantes de su estructura electoral. «Operadores directamente responsables, sobre todo del PRI, que era quien encabezaba la coalición que postulaba al candidato Zamora, fueron secuestrados días antes de la jornada y el mismo día de la jornada inhabilitados para hacer su trabajo de despliegue operativo», detalló. Subrayó que Zamora, en aquel momento, declaró públicamente que no impugnaría la elección, pero con la condición de que las personas retenidas fueran liberadas: «No voy a impugnar, pero libérenlos», resumió Jacobo sobre la declaración.
Jacobo Molina rechazó la idea de que la posible intervención del crimen organizado en las elecciones mexicanas sea un tema reciente, surgido apenas con las investigaciones de Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya. Aseguró que la violencia electoral experimentó una agudización notable en los comicios intermedios de 2021. «El 2021 fue un momento de quiebre en donde ya se vio la injerencia», declaró. Indicó que diversas entidades del país registraron indicios de intervención criminal durante esos comicios, particularmente en estados de la costa del Pacífico y otras regiones. Subrayó también que el INE carece de las facultades para enfrentar directamente a grupos criminales, ya que «a la autoridad administrativa electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, le toca organizar las elecciones. Esa es su tarea. No es una instancia de seguridad».
El vacío institucional: La necesidad de una respuesta soberana
Lorenzo Córdova advirtió que la problemática exige una respuesta institucional coordinada. Afirmó que la omisión por parte del Estado mexicano ha creado un espacio que permitió a autoridades extranjeras volver a colocar el tema en la agenda pública. «Hoy ya sabemos que si no lo hacemos alguien más lo va a hacer», dijo, insistiendo en que corresponde a las instituciones mexicanas asegurar que las elecciones se desarrollen libres de la intervención criminal.
Córdova sostuvo que en una democracia, es fundamental tener la certeza de que la voluntad ciudadana se emitió de manera libre, sin coacción alguna por parte de gobiernos, partidos políticos o, de manera crucial, por actores como la criminalidad organizada. Aunque reconoció que en Sinaloa el INE instaló más de 2 mil casillas y que las irregularidades documentadas fueron limitadas en comparación con el total de centros de votación, insistió en que el fenómeno debe ser abordado institucionalmente. Concluyó que «esa es una deuda pendiente del Estado mexicano».
