El senador Gerardo Fernández Noroña censuró la inacción del Gabinete de Seguridad mexicano al no retener a exsecretarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de nexos con el Cártel, quienes se entregaron voluntariamente ante las autoridades.
La entrega inminente: exfuncionarios de Sinaloa bajo escrutinio
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas y Administración del estado, se entregaron a autoridades de Estados Unidos el 17 de mayo de 2026. Ambos exfuncionarios enfrentan graves acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de «Los Chapitos». Este acto de rendición tuvo lugar después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran imputaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Cronología de la rendición ante la justicia estadounidense
La comparecencia de Mérida Sánchez y Díaz Vega ante las autoridades estadounidenses subraya una escalada en las investigaciones transfronterizas. Según el propio Noroña, la precisión de los detalles sobre la entrega, incluyendo la hora y el lugar del cruce fronterizo, así como la posible ruta aérea del exsecretario de finanzas hacia Nueva York, revelan un nivel de ligereza por parte de las autoridades mexicanas en el manejo de este tipo de situaciones. Ambos exfuncionarios sirvieron durante la administración de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia de su cargo poco después de que las acusaciones de presuntos lazos con la organización criminal fueran divulgadas públicamente. La revelación de que estos individuos se entregaron directamente a Estados Unidos, sin un control preventivo por parte del gobierno mexicano, generó un cuestionamiento público sobre la eficacia y la previsión del Gabinete de Seguridad.
La crítica aguda de Noroña: seguridad y soberanía en tela de juicio
Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, expresó su desconcierto y crítica sobre la gestión del Gabinete de Seguridad de México. Argumentó que, una vez que la información sobre las imputaciones por parte de Estados Unidos «fluyó», las autoridades mexicanas debieron haber actuado de inmediato. La postura del Gabinete de Seguridad, centrada en solicitar pruebas de las aseveraciones estadounidenses, fue considerada insuficiente por el legislador. En su lugar, Noroña postuló la necesidad de un control preventivo sobre las personas señaladas.
El argumento del «resguardo» y la «limitación de movilidad»
Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Noroña insistió en que el Gabinete de Seguridad debió haber mantenido «bajo resguardo», «bajo vigilancia» y con «ciertas limitaciones de movilidad» a los individuos acusados por las autoridades estadounidenses. Su razonamiento se fundamenta en la «presión enorme» que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre México en temas de narcotráfico y la «campaña canalla» orquestada por la derecha y diversos medios de comunicación, que vinculan a todo su movimiento político con el crimen organizado. Para Noroña, la falta de una acción proactiva ante la entrega de Mérida Sánchez y Díaz Vega representa una «ligereza» inadmisible frente a la gravedad del asunto, planteando la pregunta: «¿En qué están pensando?».
Contexto político: presiones externas y confrontación interna
La entrega de los exsecretarios de Sinaloa y la subsiguiente crítica de Noroña se inscriben en un panorama político complejo. La existencia de presiones continuas del gobierno de Estados Unidos respecto a la cooperación antinarcóticos se ve exacerbada por una «campaña golpista permanente» de la oposición interna, que busca desacreditar al movimiento gobernante. Noroña subraya que, aunque es fundamental defender la verdad, la justicia y la soberanía nacional, esta defensa debe ir acompañada de una estrategia efectiva para la ubicación y control de las personas implicadas en señalamientos de esta índole. La situación expone una tensión entre la defensa de la soberanía nacional y la necesidad de una respuesta proactiva ante acusaciones con implicaciones transnacionales.
La reacción del exgobernador Rocha Moya y las implicaciones
La inclusión de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega en el gobierno de Rubén Rocha Moya es un punto crítico. La decisión de Rocha Moya de solicitar licencia al cargo poco después de que las imputaciones se hicieran públicas añade una capa de complejidad al escándalo. Este movimiento, junto con la entrega de sus excolaboradores a la justicia estadounidense, intensifica el escrutinio sobre la gestión de Sinaloa y su relación con estructuras del crimen organizado. La cadena de eventos, desde las acusaciones de Nueva York hasta la rendición de los exfuncionarios y la licencia del gobernador, conforma un escenario que Noroña interpreta como un fracaso en la anticipación y el control por parte del Gabinete de Seguridad, reforzando la narrativa de que el gobierno mexicano no ha tomado con la seriedad necesaria la ubicación de las personas señaladas en contextos de alta sensibilidad política y jurídica. La exigencia de vigilancia y resguardo, por tanto, se convierte en un llamado a la coherencia entre el discurso de soberanía y una acción efectiva para proteger la integridad del Estado ante presiones externas.
