Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) pero rechazó declarar como testigo, invocando su fuero constitucional. La mandataria acusó una fabricación de caso en la investigación sobre agentes extranjeros tras un operativo con resultados fatales.
La confrontación legal: el fuero como blindaje estratégico ante la FGR
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó este miércoles 27 de mayo de 2026, a las 10:00 horas, en la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Colonia Doctores, Ciudad de México. Su comparecencia respondió a un citatorio emitido la semana pasada para que rindiera declaración en calidad de testigo, en el marco de una investigación federal. Sin embargo, Campos no acudió para testificar, sino para presentar un escrito formal donde rechazó tajantemente rendir cualquier declaración, amparándose en su fuero constitucional.
En su documento, la mandataria argumentó la improcedencia del citatorio, calificándolo de “ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”. La defensa de la gobernadora esgrimió que la protección constitucional de su cargo impide que sea sujeta a actos de investigación de contenido personal, mientras subsista la investidura que ostenta.
«No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno», declaró en el escrito, precisando que su presencia era para responder al oficio, no para someterse a la diligencia pretendida. «Esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial.» La gobernadora realizó estas manifestaciones para «constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida».
Campos reiteró su disposición a colaborar con cualquier investigación federal, pero subrayó que esta debe efectuarse por la vía de la colaboración institucional entre autoridades. Solicitó a la FGR que, si requería información del Gobierno del Estado de Chihuahua, «formular el requerimiento por la vía de la colaboración institucional entre autoridades, de manera fundada y motivada, y con precisión de su objeto», añadiendo que desde ahora manifiesta «plena disposición para atender» dichas solicitudes bajo el marco legal correspondiente.
Además, señaló que el citatorio era irregular porque, pese a convocarla como testigo, incluía artículos referentes a las obligaciones de los imputados. Este detalle, según Campos, invalidaba la legalidad del procedimiento. El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 111 de la Constitución General de la República, fue invocado para respaldar su inmunidad mientras subsista su investidura constitucional.
Trasfondo letal: el operativo y la investigación federal por injerencia
La investigación de la Fiscalía General de la República, que llevó al citatorio de la gobernadora, se centra en la participación de agentes extranjeros en un operativo llevado a cabo para desmantelar un narcolaboratorio en el estado de Chihuahua. Este operativo fue ejecutado por la Fiscalía de Chihuahua entre el 17 y 18 de abril.
La operación tuvo un desenlace trágico, culminando con la muerte de dos agentes extranjeros. Estos individuos, aparentemente vinculados a la CIA, fallecieron en un accidente ocurrido en la Sierra del Pinal, situada en el municipio de Morelos. La FGR inició una carpeta de investigación por «ejercicio indebido del servicio público» precisamente a raíz de la divulgación de esta participación extranjera. La autoridad federal examina la posibilidad de que dichos agentes estuvieran operando en territorio mexicano sin la autorización pertinente de la Federación, lo que constituiría una infracción legal.
Una ofensiva política: fabricación de caso y respaldo opositor
La comparecencia de Maru Campos en la FGR no fue un acto solitario. La mandataria arribó acompañada de su abogado, Roberto Gil Zuarth, y un contingente de políticos de oposición, lo que transformó el acto legal en una clara manifestación política.
Antes de ingresar a las instalaciones para presentar el escrito que formalizaba su negativa a declarar, Campos lanzó una contundente acusación contra la FGR. «Se me cita bajo la simulación de ser una ‘testigo’, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada», afirmó públicamente. La gobernadora denunció que no se «guardaron las formas, no respetaron la ley y atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido». Adicionalmente, lamentó y denunció el «autoritarismo al que todos estamos expuestos, un autoritarismo que se permite violar la constitución sin consecuencias».
Roberto Gil Zuarth, su abogado defensor, complementó la postura de Campos, explicando que la gobernadora no tiene obligación legal de atender el citatorio. El jurista fue enfático al declarar que no reconocen la facultad de ningún Ministerio Público para «imponer actos de molestia» a la gobernadora, ya sea en calidad de testigo o de inculpada.
Gil Zuarth argumentó que «la función que desempeña se encuentra protegida por la constitución, y la inmunidad constitucional sirve precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales en contra de un servidor público y, especialmente, de un servidor público de oposición». Además, criticó la FGR por la «ambigüedad, las inconsistencias, la falta de motivación» del oficio, señalando de forma irónica que el documento «ni siquiera insinúa qué se investiga. No sabemos si el ministerio público quiere hablar del clima o de la final Cruz Azul Pumas».
La comitiva de respaldo a Maru Campos, que llegó en una camioneta tipo van custodiada por cuatro vehículos de guardia, incluyó a figuras destacadas como Federico Döring y Ricardo Anaya. También se hicieron presentes alcaldes de la Ciudad de México, como Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, entre otros legisladores. Todos los integrantes de este grupo portaban un pin con la leyenda «Yo con Maru», solidificando el mensaje de apoyo político frente a la acción judicial.
