Redacción/CARIBE PENINSULAR
PUERTO MORELOS.- Un juez federal dejó sin efectos la licencia de construcción otorgada al proyecto inmobiliario “Alux 33” en Puerto Morelos, al determinar que fue autorizada sin que existiera una verificación previa de la autorización federal en materia de impacto ambiental, pese a ubicarse en una zona con presencia de manglar protegida por la legislación mexicana.
La resolución fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo dentro del juicio de amparo 515/2025-IV, promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que impugnó la autorización municipal del desarrollo.
De acuerdo con la sentencia, el Ayuntamiento de Puerto Morelos otorgó la licencia de construcción PM-1616 sin corroborar previamente que el proyecto contara con la autorización federal de impacto ambiental requerida para obras en ecosistemas sensibles.
El juzgado concluyó que el predio donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra en un ecosistema con vegetación de manglar, un hábitat sujeto a protección especial, por lo que cualquier intervención debía ser evaluada previamente por las autoridades ambientales federales competentes.
Como consecuencia, el órgano jurisdiccional ordenó al Municipio dejar sin efectos jurídicos la licencia otorgada y abstenerse de utilizarla para justificar futuras autorizaciones, prórrogas, regularizaciones, terminaciones u ocupaciones vinculadas con el proyecto inmobiliario.
La sentencia también establece un precedente relevante en materia ambiental al reiterar que las autorizaciones de impacto ambiental no constituyen simples trámites administrativos, sino instrumentos preventivos indispensables para evitar daños ecológicos antes de que ocurran.
El juzgado sostuvo que la evaluación ambiental debe realizarse antes del inicio de cualquier obra, a fin de que la autoridad especializada pueda identificar riesgos y establecer medidas de prevención, mitigación o compensación.
Asimismo, reconoció la legitimación de DMAS para acudir a los tribunales en defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, fortaleciendo el acceso de organizaciones civiles a la justicia ambiental.
Otro de los puntos destacados del fallo es que el juez rechazó el argumento de que el avance de la construcción hacía imposible la protección judicial. Por el contrario, señaló que los daños ambientales pueden ser objeto de reparación, restauración y remediación, además de que las autoridades conservan facultades para impedir que permisos irregulares continúen produciendo efectos.
La organización ambientalista consideró que la resolución envía un mensaje claro sobre la obligación de respetar el marco legal ambiental y la necesidad de que los desarrollos inmobiliarios cumplan con todos los requisitos legales antes de iniciar obras en ecosistemas vulnerables como los manglares de Quintana Roo.











