Redacción
CHETUMAL.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo emitió una opinión técnica jurídica favorable a la iniciativa que busca prohibir que servidores públicos utilicen programas sociales, apoyos gubernamentales o servicios públicos para promover su imagen personal.
La propuesta, impulsada por la diputada Marijo Osorio Rosas, plantea adicionar el artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer los principios de equidad e imparcialidad en la competencia política.
Durante una sesión extraordinaria, el órgano electoral aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo solicitado por la Secretaría de Gobierno estatal, en el que concluye que la iniciativa es idónea, razonable y compatible con el marco constitucional vigente.
La reforma propone considerar como infracción que autoridades o personas servidoras públicas difundan información sobre la entrega de apoyos, programas o servicios gubernamentales utilizando su nombre, imagen, voz o cualquier elemento que pueda generar un posicionamiento político indebido.
Asimismo, establece que la difusión de estos programas deberá realizarse exclusivamente a través de canales institucionales y con fines informativos, educativos o de orientación social.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que su aplicación no estaría limitada a los tiempos electorales, sino que tendría vigencia permanente para evitar el uso político de la comunicación gubernamental. No obstante, el proyecto precisa que la medida no busca restringir la libertad de expresión cuando no exista utilización de recursos públicos.
Tras el análisis realizado por su Dirección Jurídica, el IEQROO concluyó que la iniciativa se encuentra dentro de las facultades legislativas del Congreso del Estado y contribuye a garantizar la neutralidad de las instituciones públicas frente a los procesos democráticos.
La opinión emitida por el organismo electoral tiene carácter orientador y no vinculante, por lo que corresponderá al Poder Legislativo determinar si incorpora la propuesta al marco jurídico estatal.
El acuerdo será notificado a la Secretaría de Gobierno, al Instituto Nacional Electoral y a los integrantes del Consejo General para su conocimiento y difusión.









