Una jueza federal rechazó vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en el caso de la compra de Pegasus. Ante esta decisión, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra la juzgadora por delitos contra la administración de justicia, según el texto proporcionado.
Decisión judicial sobre exoficial mayor de la PGR
Según se relata, este martes la jueza Alejandra Domínguez Santos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, llevó a cabo una audiencia. En ella, la jueza determinó que la compra del software Pegasus, por un monto de 460 millones 196 mil 383.64 pesos, fue considerada legal, contrario a lo argumentado por la FGR.
La FGR había imputado a Gómez Molano por varios delitos:
- Uso indebido de atribuciones y facultades
- Peculado
- Fraude equiparado
- Asociación delictuosa
La imputación se basaba en la supuesta autorización para la compra de equipos de espionaje sin demostrar la necesidad, lo que habría causado un daño al erario por más de 460 millones de pesos. No obstante, la jueza Domínguez indicó que, a su parecer, no existen elementos suficientes para vincularla a proceso. Citando sus palabras del texto, “Resulta evidente que la adquisición se encuentra relacionada con actividades sustantivas, la adquisición no puede considerarse indebida”.
FGR inicia investigación contra la juzgadora
Este miércoles, la FGR comunicó dos acciones derivadas de la decisión judicial. Primero, que iniciaría el recurso de apelación contra la determinación de la jueza. Segundo, y de manera destacada, que iniciaría “de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia”.
La FGR justificó esta acción al considerar que, en relación con este caso, hubo un retraso ilegal de dos años para la celebración de la audiencia. Además, sostuvo que las pruebas que dijo haber presentado en la audiencia no resultaban insuficientes para haber emitido la vinculación a proceso.
La cuenta oficial de la FGR México en Twitter (@FGRMexico) publicó el 18 de junio de 2025:
“La #FGR inició el recurso de apelación correspondiente; y también iniciará de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia. 2/2
?? https://t.co/S8accpeENY”
Otro implicado y detalles de la compra
En este mismo caso, la FGR imputó a Vidal Díazleal Ochoa, exdirector del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi). Al igual que Gómez Molano, fue imputado por los mismos cuatro delitos mencionados previamente.
Sin embargo, en el caso de Díazleal Ochoa, la jueza sí lo vinculó a proceso, pero únicamente por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Para la investigación complementaria, la jueza fijó un plazo de 4 meses. Adicionalmente, le impuso dos medidas cautelares según el texto:
- Obligación de presentarse cada 15 días a firmar asistencia.
- Prohibición de salir del país.
La compra del software Pegasus, origen de esta investigación de la FGR, fue realizada específicamente el 29 de octubre de 2014. El texto indica que el contrato fue suscrito por:
- Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
- Vidal Díazleal Ochoa (mencionado previamente).
- Rigoberto García Campos, exdirector de información sobre Actividades Delictivas del Cenapi.
En la fecha de la compra, el monto registrado fue de 32 millones 16 mil dólares. El texto especifica que esta cantidad “actualmente equivalen a los 460 millones 196 mil 383.64 pesos que la Fiscalía reclama”.
Con base en la información proporcionada, observamos que la jueza federal determinó la legalidad de la compra de Pegasus y no vinculó a proceso a la exoficial mayor de la extinta PGR, mientras que sí vinculó parcialmente al exdirector del Cenapi. Esta decisión motivó que la FGR, además de apelar, decidiera iniciar una investigación contra la propia jueza por presuntos delitos contra la administración de justicia, argumentando retrasos y pruebas.
