Patricia Acosta y Katia Jáuregui, destacadas integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas en Guanajuato por hombres armados. El ataque, perpetrado mientras se trasladaban en motocicleta, intensifica la crisis de seguridad para las madres buscadoras, quienes ahora claman por justicia y garantías de protección en un contexto de violencia incesante.
El fatal ataque que paraliza la búsqueda de justicia
La tarde del sábado, minutos antes de las 2, Patricia Acosta y Katia Jáuregui Acosta, madre e hija respectivamente, fueron víctimas de un ataque armado. Ambas circulaban en una motocicleta por las calles Durango y Estado de México, dentro de la colonia 18 de marzo en Salamanca, Guanajuato, cuando hombres armados las interceptaron. De inmediato, los agresores abrieron fuego contra las buscadoras. Vecinos de la zona reportaron la agresión a las autoridades. Sin embargo, al llegar los cuerpos de emergencia, Patricia y Katia ya habían fallecido en el lugar de los hechos.
Un legado de dolor: la historia de Patricia y Katia en el colectivo
Patricia Acosta y Katia Jáuregui no eran figuras nuevas en la lucha por los desaparecidos en Guanajuato. Su compromiso con la causa inició a principios de 2024, tras la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, hijo de Patricia y hermano de Katia. Miguel Ángel fue localizado sin vida el 8 de marzo de ese mismo año, un evento que marcó profundamente a la familia. A pesar del dolor y de haber encontrado a su ser querido, madre e hija decidieron continuar activas dentro del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Su decisión de permanecer en la búsqueda de otros, incluso después de resolver su propia tragedia, subraya una profunda dedicación a la justicia social.
El eco del crimen: impacto en el colectivo y la protesta del 10 de mayo
El asesinato de Patricia y Katia se registró solo unas horas antes de un evento crucial para el colectivo. Integrantes de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos tenían programada una manifestación frente a la presidencia municipal. El propósito de la concentración era recordar que, en el día de las madres, miles de mujeres en el país no celebran debido a la desaparición de sus hijas e hijos.
Ana Lilia Tapia, compañera cercana de Patricia y Katia dentro del colectivo, compartió el impacto del crimen. El temor se apoderó de otras madres buscadoras que habían confirmado su asistencia al acto. «Nos hacen sentir inseguridad, nos golpeó y algunas no vinieron porque sus familias no las dejaron asistir. Nos habían pedido suspender la marcha», mencionó Tapia, evidenciando cómo la violencia directa contra sus miembros debilita la capacidad de acción y la seguridad emocional de todo el grupo. Este incidente ha forzado una reconsideración de las estrategias y la protección de quienes dedican sus vidas a la búsqueda.
Demanda de verdad: la respuesta oficial y el llamado internacional
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la afiliación de Patricia Acosta y Katia Jáuregui al colectivo de búsqueda. La autoridad ha asegurado que la investigación se desarrolla con una rigurosa perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos. «Desde el primer momento, la Fiscalía activó acciones especializadas de atención y acompañamiento para garantizar el acceso a la verdad y la justicia, tanto para los familiares como para el colectivo al que pertenecían las víctimas», señaló la Fiscalía. Agentes de investigación criminal, peritos y ministerios públicos están actualmente realizando trabajo de campo, análisis de información e inteligencia operativa con el objetivo de identificar y detener a los responsables de este doble feminicidio.
Paralelamente, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente. Esta declaración exige una investigación pronta, diligente y con una innegociable perspectiva de derechos humanos y de género. Además, el pronunciamiento de la Red es categórico: «Exigimos garantías de protección inmediata para su familia, la de todas las familias buscadoras y de personas defensoras de derechos humanos». Este llamado subraya la urgencia de medidas concretas para salvaguardar la vida de quienes, con valentía, buscan a sus seres queridos y defienden los derechos fundamentales en un entorno hostil.
Otros rostros silenciados: la lucha persistente de Salamanca Unidos
El asesinato de Patricia y Katia no es un evento aislado para el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. El grupo sigue exigiendo justicia por el asesinato de Cecilia García, quien fue privada de su libertad el 14 de marzo y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado días después. Asimismo, el colectivo mantiene activa la demanda por la localización con vida de otra de sus compañeras, Lorenza Cano, desaparecida desde enero de 2024. Estos casos, sumados al reciente doble feminicidio, ilustran un patrón de violencia y vulnerabilidad que afecta directamente a quienes integran los colectivos de búsqueda en la región, intensificando la presión sobre las autoridades para garantizar la seguridad y la justicia.
