Informes de The Washington Post y The New York Times confirmaron que los dos ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida en un incidente automovilístico en Chihuahua pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El suceso, que también cobró la vida de dos funcionarios mexicanos, ha desencadenado una revisión de protocolos de seguridad nacional por parte del Gobierno Federal.
La revelación de la identidad de los operativos esclarece el hermetismo inicial de la Embajada de Estados Unidos y las autoridades locales tras el siniestro ocurrido la madrugada del domingo. Las víctimas regresaban de una incursión en la zona montañosa dirigida por las fuerzas armadas para desarticular laboratorios de metanfetamina. El vehículo se estrelló en un convoy donde también viajaban el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.
El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, sostuvo inicialmente que la presencia de los agentes respondía a labores de capacitación y una colaboración binacional permanente. No obstante, la administración federal ha señalado una falta de notificación sobre estas maniobras. La presidencia de la República enfatizó que cualquier acuerdo de cooperación con agencias extranjeras debe contar con autorización de la Federación, según lo estipula la Constitución, y no limitarse a convenios directos con gobiernos estatales.
Este episodio evoca precedentes de alta sensibilidad operativa, como el ataque en Tres Marías en 2012, donde oficiales de la CIA resultaron heridos por fuerzas policiales. En esta ocasión, el impacto político radica en la autonomía de la operación en Chihuahua y la falta de transparencia hacia el mando federal. Actualmente, se mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos para determinar el alcance legal y operativo de la presencia de personal de inteligencia en misiones de campo dentro de territorio mexicano.
La investigación en curso busca precisar si la ejecución de esta operación de seguridad transgredió las leyes de soberanía vigentes. Mientras las autoridades de Chihuahua defienden la colaboración técnica, el Ejecutivo Federal demanda una aclaración exhaustiva sobre la cadena de mando que permitió la integración de agentes extranjeros en unidades tácticas locales sin el conocimiento previo de las instancias nacionales de seguridad.
