Un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco, por su probable responsabilidad en el delito de peculado en agravio del patrimonio público. El imputado permanecerá bajo la medida de prisión preventiva justificada en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano.
Situación jurídica y detención del exfuncionario estatal
La resolución judicial deriva de la orden de aprehensión ejecutada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) el pasado 7 de abril. Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba necesarios para acreditar la posible participación del acusado en el desvío de recursos públicos.
Esta acción legal se suma a los señalamientos que vinculan a Hernán Bermúdez Requena con estructuras delictivas de alto impacto. Quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración de Adán Augusto López Hernández (2019-2024), ha sido señalado por autoridades federales como presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, célula operativa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Marco legal y alcances de la imputación por peculado
El proceso se fundamenta en el artículo 243 del Código Penal, el cual establece una ruta de sanciones severas para quienes atenten contra la administración de los recursos estatales. La arquitectura legal del caso contempla las siguientes consecuencias:
- Penas privativas de libertad: Condenas que oscilan entre los 2 y 14 años de prisión.
- Sanciones económicas: Aplicación de multas proporcionales al daño patrimonial.
- Inhabilitación política: Restricción absoluta para desempeñar cargos públicos en el futuro.
La severidad de la sentencia final dependerá directamente de la cuantificación del monto sustraído y las circunstancias específicas que rodearon la ejecución del delito.
Plazos judiciales y medidas cautelares vigentes
El órgano jurisdiccional determinó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada es necesaria para garantizar el desarrollo del procedimiento. Por tal motivo, el imputado fue trasladado al penal federal número 1, ubicado en el Estado de México.
El calendario procesal establece un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Este plazo técnico vencerá el próximo 12 de agosto de 2026, fecha en la que ambas partes deberán presentar el total de las pruebas recolectadas.
La Fiscalía estatal enfatizó que el manejo de este caso se rige bajo los principios de legalidad y transparencia. No obstante, se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia para el exjefe de la policía de Tabasco hasta que se emita una sentencia firme por parte de la autoridad jurisdiccional competente.
