Empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa cobraron más de 280 millones de pesos a la administración estatal y a cuatro ayuntamientos de Baja California.
La estructura corporativa bajo escrutinio de la OFAC
- El entramado financiero de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices trianguló más de 280 millones de pesos en contratos con dependencias estatales y municipales de Baja California.
El 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó en su lista de sancionados a un grupo de empresas y a su propietario, el empresario tijuanense Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, de 43 años, por integrar el andamiaje financiero de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco.
La designación estadounidense también alcanzó al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exdiputado Carlos Alberto Torres Torres, señalado como “facilitador político” que presuntamente conspiró para brindar protección a las operaciones del grupo criminal en la entidad. Asimismo, la autoridad estadounidense sancionó a su hermano Luis Alfonso Torres Torres y vinculó al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, con presuntos pagos mensuales al exfuncionario.
El grupo corporativo operó como proveedor de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Oficialía Mayor, la Secretaría de Turismo y los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, todos gobernados por Morena.
El blindaje preventivo y la actuación en Ensenada
- La alcaldesa Claudia Agatón ordenó vetar a las compañías señaladas por la OFAC tras haber documentado contratos previos para la organización de carnavales y conciertos.
El 3 de marzo de 2026, Gerardo Abdiel Contreras Hernández, representante legal de Wermak Publired, S.A. de C.V. –firma perteneciente al corporativo de Moreno Gómez Santelices–, firmó una “Declaración bajo protesta de decir verdad sobre procedencia lícita de recursos” dirigida al director del Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada.
En el documento, la empresa declaró que sus recursos provienen de actividades lícitas, que no ha sido investigada ni condenada por operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada, y fijó su domicilio en el bulevar Salinas 10485, en Tijuana. El RFC asentado coincide con la fecha de constitución registrada por la OFAC el 12 de junio de 2023. Seis meses después de dicha declaración, el Tesoro estadounidense sancionó a la compañía.
FAMA Producciones, otra de las empresas de Moreno Gómez Santelices, organizó los carnavales de 2024 y 2025, además de conciertos regionales en 2026. Ante estos antecedentes, el 5 de octubre la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz ordenó blindar el padrón municipal de proveedores, vetando a las empresas sancionadas por la OFAC y exigiendo la identificación de sus beneficiarios finales.
La confrontación por la presión financiera
- El Ayuntamiento de Ensenada denunció una reducción de hasta 30% en sus participaciones estatales, mientras el gobierno de Marina del Pilar rechazó la retención de recursos.
La relación entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Ensenada acumuló tensiones financieras. Durante 2025, la tesorería municipal registró una disminución de entre 25% y 30% en las participaciones estatales, lo que representó una afectación de aproximadamente 19 millones de pesos.
Claudia Agatón denunció un trato financiero diferenciado en comparación con la administración de su antecesor, Armando Ayala Robles, señalando que las participaciones llegaron a reducirse a cero. Actores políticos locales interpretaron la medida como un instrumento de presión política.
Por su parte, la gobernadora Ávila Olmeda calificó de totalmente falso que su administración retuviera recursos y sostuvo que destinó 900 millones de pesos en apoyos al municipio, de los cuales 305 millones correspondieron a la gestión de Agatón. La Secretaría de Hacienda estatal argumentó que una parte de las participaciones se aplicó al pago de obligaciones pendientes con el Issstecali por 149 millones de pesos, además de afectaciones por compromisos fiscales federales.
Distribución de los recursos públicos y dependencias beneficiadas
- La Fiscalía General del Estado concentró más de 200 millones de pesos en contratos con Inteliproof Efficient para la adquisición de equipo táctico y tecnología.
La asignación de recursos públicos a las empresas de la red incluyó a múltiples dependencias estatales y municipales bajo los siguientes montos y conceptos:
| Dependencia o Municipio | Empresa Sancionada | Monto / Concepto Principal |
| Fiscalía General del Estado | Inteliproof Efficient | Más de $200 millones de pesos por cerca de 40 contratos (uniformes, equipo táctico, cómputo y software de reconocimiento facial). |
| Oficialía Mayor (Estatal) | Inteliproof Efficient y Wermak Publired | $16.5 millones en contratos para Inteliproof y aproximadamente $2 millones para Wermak Publired. |
| Secretaría de Turismo | FAMA | $9.5 millones de pesos pagados a la compañía. |
| Ayuntamiento de Tijuana | Empresa no especificada | $29.5 millones de pesos por la modernización de semáforos mediante adjudicación directa en 2024. |
| Ayuntamiento de Playas de Rosarito | Inteliproof, FAMA y Wermak Publired | $13.7 millones de pesos acumulados en contrataciones. |
| Ayuntamiento de Tecate | Inteliproof y Private Equity Baja | $3.5 millones por la renta de cuatro patrullas y una asesoría adjudicada de forma directa. |
| Ayuntamiento de Ensenada | Empresas de la red | $2.9 millones de pesos firmados en convenios contractuales. |
El corporativo dirigido por Moreno Gómez Santelices abarcaba múltiples sectores. En un video difundido por Latinus, el propio empresario declaró: «Tenemos 10 empresas de todo. Seguridad, hacemos conciertos, construcción, inmobiliaria, software, finanzas…». Asimismo, registros periodísticos documentaron su presencia junto a la gobernadora en eventos públicos como la feria México Oficial en San Diego y el desayuno del Día del Ejército en Tijuana.
Posicionamiento y revisión de contratos oficiales
- El gobierno estatal instruyó a la Oficialía Mayor remitir los expedientes contractuales a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Tras la sanción emitida por el Departamento del Tesoro, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que no figura en ninguna lista de restricciones y que su vínculo con su exesposo se limita exclusivamente a los asuntos de su hijo. La mandataria ordenó a la Oficialía Mayor identificar los contratos celebrados con las empresas señaladas y turnarlos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión jurídica.
Respecto a la juguería Vida Orgánica Tijuana, también sancionada por la OFAC, Ávila Olmeda indicó que dejó de formar parte de la sociedad mercantil en 2023, aunque reportes periodísticos señalaron que su salida formal se concretó en septiembre de 2026, diecinueve días antes de la emisión de las sanciones estadounidenses. La instrucción girada contempla auditar las relaciones contractuales tanto en el ámbito estatal como en los ayuntamientos de la entidad.
