El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó, por siete votos contra cuatro, unos lineamientos propuestos para fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos, desatando un enfrentamiento directo entre la presidencia y tres consejeros disidentes.
Quiebre institucional en el Consejo General
La mayoría del Consejo General del INE sepultó el proyecto para regular procesos internos partidistas, evidenciando una fractura interna de más de dos horas y media de discusión.
El bloque encabezado por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, dinamitó el proyecto de acuerdo presentado por los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz. La propuesta buscaba normar y fiscalizar los procedimientos partidistas mediante los cuales agrupaciones como Morena y sus aliados designan a sus futuros candidatos a gubernaturas bajo figuras alternas como «coordinadores» o «defensores».
La votación final arrojó siete votos en contra y cuatro a favor, culminando en un episodio tenso matizado por una confusión en el recuento del nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Roberto Félix López. Con este rechazo, el organismo ratifica la imposibilidad de aplicar normativas retrospectivas sobre los diecisiete procesos de selección de candidatos a gobernador ya ejecutados por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Acusaciones de desacreditación y disputas públicas
Guadalupe Taddei recriminó a los consejeros promoventes por trasladar las diferencias al terreno mediático y buscar popularidad a costa de la credibilidad institucional.
Durante la sesión, Taddei lanzó un mensaje directo contra Castillo, Humphrey y Faz, a quienes señaló de debilitar la confianza pública en el árbitro electoral. La funcionaria sostuvo que las críticas sobre una supuesta pérdida de capacidad de vigilancia del INE replican narrativas externas que ponen en duda la imparcialidad de los comicios.
Asimismo, la presidencia reprochó a los disidentes haber presentado el acuerdo sin consenso previo, fracturando la colegialidad del órgano. Por su parte, Arturo Castillo respondió que su intervención cuestiona la inacción del Consejo General y defendió la urgencia de dotar al organismo de herramientas efectivas para vigilar gastos anticipados que vulneran la equidad en la contienda.
| Consejero / Bloque | Postura sobre el proyecto | Argumento principal |
| Guadalupe Taddei | En contra | Acusa estrategia mediática para desacreditar al árbitro y dinamitar la colegialidad. |
| Arturo Castillo | A favor | Urge fiscalización anticipada ante la imposibilidad de vigilar gastos actuales. |
| Carla Humphrey | A favor | Defiende la necesidad de reglas claras pese a lo tardío del momento procesal. |
| Martín Faz | A favor | Busca evitar que la organización partidista eluda los plazos legales de candidaturas. |
| Norma Irene de la Cruz | En contra | Advierte contradicciones técnicas y riesgo de invadir vida interna de partidos. |
El factor temporal y la expansión de convocatorias
Setenta y siete días de diferendos bastaron para que Morena concretara sus selecciones anticipadas y emitiera nuevas convocatorias municipales.
El debate sobre los lineamientos acumula meses de parálisis en el Consejo General. Un primer intento el 27 de mayo fue bloqueado por una propuesta rival del consejero afín a Taddei, Jorge Montaño, y un segundo aplazamiento ocurrió el 23 de julio. En el lapso transcurrido hasta la sesión actual, Morena concluyó sus procesos de selección anticipada para gubernaturas y lanzó una nueva convocatoria para elegir «coordinadores municipales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional», replicada en esquemas similares por el PRI y el PAN.
Carla Humphrey advirtió sobre el peligro de carecer de regulación para los comicios venideros, mientras que Martín Faz insistió en que las actividades partidistas operan como mecanismos para posicionar candidaturas al margen de los plazos legales.
En contraste, el bloque mayoritario conformado por Norma Irene de la Cruz, Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Jorge Montaño argumentó que el marco legal vigente ya tipifica los delitos por actos anticipados de campaña. Desde esta postura, la vía correcta recae en los partidos y sus legisladores para modificar las leyes federales, evitando que el INE asuma facultades legislativas o fiscalice actos estrictamente internos de los institutos políticos.
