Fiscalía de Tamaulipas indaga desvío de 136 millones a la red de los Carmona bajo el mandato de García Cabeza de Vaca

Investigarán desvío de 136 millones de pesos en contratos de salud otorgados a la red de los Carmona durante la administración de García Cabeza de Vaca.
Fiscalía de Tamaulipas indaga desvío de 136 millones a la red de los Carmona bajo el mandato de García Cabeza de Vaca

Cinco expedientes penales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas documentan un desvío de 136.2 millones de pesos en contratos de mantenimiento hospitalario otorgados en 2017 y 2018 a empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, donde se señala al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al actual diputado federal Jesús Nader Nasrallah.

Irregularidades estructurales en la adjudicación de contratos hospitalarios

Los expedientes revelan concursos simulados, contratos firmados con empresas perdedoras y montos que rebasaron hasta catorce veces los topes autorizados por el comité de compras.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas interpuso cinco denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado. Las carpetas de investigación, radicadas bajo los números 194, 195, 196, 197 y 203/2025, integran un fraude por 136 millones 287 mil pesos asignados a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.

Ambas corporaciones guardan nexos directos con los hermanos Sergio Carmona Angulo, identificado como operador de contrabando de combustible, y Julio César Carmona Angulo. Perla Sharaza McDonald Sánchez, viuda de Sergio Carmona, figura como accionista y apoderada de las dos compañías, las cuales comparten además el mismo respaldo notarial.

El entramado operativo se sostuvo mediante la simulación de procedimientos administrativos. En el caso de la denuncia 196, referida al mantenimiento de infraestructura eléctrica y climatización en unidades médicas, el proceso derivó en una anomalía frontal: el concurso 714/2017 lo ganó inicialmente la empresa Joser con una oferta de 14.8 millones de pesos, pero el contrato formal se suscribió al día siguiente con Permart por la cifra exacta de la competidora, sin que constara la firma de ningún representante legal de Servicios de Salud.

ExpedienteMonto AsignadoEmpresa BeneficiadaAnomalía Detectada
194/2025$65,000,000 MXNGrupo Industrial Permart, S.A. de C.V.Inexistencia física del concurso de licitación, sobreseimiento procesal e importe que rebase 14 veces el tope normativo legal establecido.
195/2025$30,300,000 MXNGrupo Industrial Permart, S.A. de C.V.Ausencia total de propuestas técnicas e inconformidad procedimental en el expediente de adjudicación obligatoria.
196/2025$13,613,560 MXNGrupo Industrial Permart, S.A. de C.V.Contrato adjudicado y formalizado con la empresa no ganadora (perdedora), igualando exactamente el monto cotizado por la rival.
197/2025$12,000,000 MXNGrupo Industrial Permart, S.A. de C.V.Cotizaciones con inconsistencias cronológicas (fechadas con antelación a la solicitud formal) y duplicidad analítica de firmas.
203/2025$13,999,999 MXNGrupo Industrial Joser, S.A. de C.V.Adjudicación directa por excepción que recala diez veces por encima del límite normativo de contratación vigente.

El rol operativo de Jesús Nader Nasrallah en el Comité de Compras

El actual diputado federal del PAN y exsecretario de Administración firmó los oficios que exceptuaron los concursos y fijaron los topes presupuestales rebasados.

Cuatro de las cinco denuncias presentadas el 19 de agosto de 2025 por Iván Saldaña Magaña, director jurídico de Servicios de Salud, señalan directamente a Jesús Antonio Nader Nasrallah. Durante el periodo de ejecución de los contratos, entre 2016 y 2018, Nader ocupó la titularidad de la Secretaría de Administración y presidió el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales.

Las actuaciones documentadas contra el exfuncionario comprenden tres ejes de responsabilidad administrativa:

  • Fijación de topes financieros: Emitió el oficio CCYOP/029/2017, el cual estableció los límites máximos para adjudicaciones directas en 800 mil pesos y para invitaciones restringidas en 4.5 millones de pesos, umbrales superados sistemáticamente por los contratos investigados.
  • Excepciones de licitación: Signó los oficios CCYOP/1081/2017 y CCYOP/1318/2017, mediante los cuales notificó a la Secretaría de Salud la dispensa de concurso público para beneficiar a Permart.
  • Recepción de solicitudes: Captó las peticiones para avalar contratos millonarios carentes de soporte documental válido y actas de comité debidamente requisitadas.

A pesar de los señalamientos contenidos en los expedientes de la Fiscalía estatal, las rúbricas de adjudicación final y los fallos corresponden a otros mandos operativos, entre ellos Román Castillo Airola, director general de Compras; Eduardo Barrera Peña, director de Adquisiciones; y Daryl Zubiaga Gaytán, jefe de Compras. Nader gobernó posteriormente el municipio de Tampico durante dos administraciones y declinó emitir posicionamientos ante cuestionamientos de la prensa.

Fractura en la cadena de mando y la división funcional de la red

La ex secretaria de Salud, Gloria Molina, declaró que el exgobernador operó una separación de funciones para controlar los recursos mediante la Subsecretaría de Administración.

La arquitectura del desvío operó bajo una estrategia de distribución de responsabilidades al interior del gabinete estatal. Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien encabezó la Secretaría de Salud de 2017 a 2022 y también enfrenta cargos penales en las cinco causas, declaró ante la autoridad que Francisco Javier García Cabeza de Vaca implementó un esquema de separación de facultades. Bajo este modelo, la estructura técnica quedaba en manos de la dependencia de salud, mientras que el control financiero y de adquisiciones respondía a órdenes directas ejecutadas a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, operada entonces por Alejandro Aguilar Poegner.

La investigación detalla que los expedientes judiciales configuran los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta la fecha, los órganos de procuración de justicia no han emitido órdenes de vinculación a proceso formal contra los actores políticos denunciados, mientras la carpeta correspondiente al contrato de 65 millones de pesos acumula mil 158 fojas distribuidas en cuatro tomos probatorios.

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