El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó restricciones temporales a la Modalidad 40, limitando el salario de cotización al último registrado más una Unidad de Medida y Actualización, lo que erosiona las pensiones y anticipa litigios complejos.
Ajustes al régimen obligatorio y presión sobre las finanzas públicas
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación evidencia la vulnerabilidad de las finanzas públicas mexicanas y limita el derecho de los trabajadores a mejorar su retiro.
La publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de octubre de 2026 por parte del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encendió las alertas en el sector contable. Para el presidente de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, Jorge Ponce Yépez, la medida confirma que las finanzas públicas mexicanas enfrentan una presión severa.
El esquema afectado es la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, conocida como Modalidad 40. Este mecanismo permite a las personas sin empleo formal continuar con aportaciones para acumular semanas y elevar el monto de su futura pensión. El beneficio aplica principalmente para quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973, donde el promedio salarial de las últimas 250 semanas determina el cálculo final del retiro.
La Dirección de Finanzas del instituto, mediante la Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales, ejecutará un análisis integral sobre los efectos de esta continuación en la estabilidad institucional. El estudio cuenta con un plazo obligatorio de seis meses e integrará información de las direcciones de Incorporación y Recaudación, Prestaciones Médicas, Prestaciones Económicas y Sociales, Jurídica, y de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
El tope salarial y la pérdida de libertad contributiva
El trabajador pierde la capacidad de elevar su salario base hasta el límite previo de 25 UMA, quedando confinado al último registro más una Unidad de Medida y Actualización.
La modificación estructural radica en la restricción del salario base de cotización. Con las nuevas disposiciones, el solicitante únicamente puede utilizar como referencia el último salario que tenía registrado al dejar el empleo formal, al cual solo se le permite agregar como máximo una Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Ponce Yépez ilustra el impacto con una cotización final previa de mil pesos diarios. Bajo la normativa anterior, el asegurado podía elegir un salario superior para mejorar su promedio, con un tope legal de 25 UMA. Con el nuevo cerrojo administrativo, a los mil pesos diarios solo se le puede sumar una UMA, fijada en 117.31 pesos según el ejemplo técnico, resultando en un registro de mil 117.31 pesos diarios para el cálculo de las cuotas obrero-patronales.
Esta cifra no constituye el monto directo de la jubilación, dado que el cálculo final sigue condicionado por las semanas acumuladas, la edad de retiro y el régimen aplicable. Sin embargo, el quiebre perjudica severamente a los sectores que concluyeron su etapa laboral con percepciones bajas y proyectaban aportaciones elevadas para equilibrar su pensión.
Vulneración legal y un poder judicial bajo control político
El especialista augura una batalla en tribunales sustentada en la jerarquía de ley, aunque condicionada por la afinidad política del nuevo aparato judicial.
Ante este escenario, el análisis institucional anticipa una ola de amparos. La argumentación jurídica central sostiene que un acuerdo administrativo emitido por el Consejo Técnico del IMSS no puede anteponerse ni contravenir los derechos y condiciones reconocidos explícitamente en la Ley del Seguro Social.
No obstante, la defensa de los derechos laborales enfrenta un panorama adverso en el plano jurisdiccional. La reciente reforma judicial, implementada mediante el voto popular, configuró un Poder Judicial cuyos integrantes comparten filiación con el Ejecutivo federal y con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta alineación político-institucional reduce las probabilidades de obtener resoluciones favorables en los tribunales, consolidando un cerrojo que complica la defensa jurídica de la base trabajadora afectada por el declive financiero del instituto.
