La firma internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) denunció que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores obstruyen el proceso de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al imponer requisitos probatorios inexistentes en el convenio binacional.
Estrategia de obstrucción legal frente al convenio con Estados Unidos
La firma jurídica LBR sostiene que las autoridades mexicanas ejecutan una maniobra de bloqueo al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Este ejercicio de obstaculización se manifiesta al exigir públicamente que las solicitudes cumplan con estándares legales locales antes de proceder. Según el despacho, el gobierno ignora los mecanismos técnicos del acuerdo internacional para frenar las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre el gobernador de Sinaloa y otros ocho funcionarios.
El argumento central de la defensa internacional subraya que el tratado, ratificado en 1978 y actualizado en 1980, no demanda la presentación de pruebas exhaustivas en la fase inicial del proceso. El intento de supeditar la justicia internacional a revisiones burocráticas internas se interpreta como una táctica dilatoria.
El Artículo 11 como eje de la controversia diplomática
La normativa vigente establece parámetros claros que la administración actual parece omitir deliberadamente. El análisis técnico del Artículo 11 revela las siguientes condiciones para la detención provisional:
- Ausencia de evidencia formal: No se requiere demostrar culpabilidad plena en la etapa de solicitud inicial.
- Existencia de acusación: Basta con la notificación oficial de cargos por parte del país requirente.
- Compromiso documental: El Estado solicitante dispone de un plazo de 60 días para entregar el expediente detallado.
LBR califica la exigencia de evidencia previa como un cortafuegos político. Esta barrera busca evitar que se active el cronómetro de dos meses establecido en el tratado, periodo en el cual la documentación debe ser presentada de forma rigurosa ante los tribunales.
Postura oficial y blindaje del Ejecutivo
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa de apego estricto al marco jurídico nacional. Bajo esta premisa, el Gobierno Federal sostiene la necesidad de revisar minuciosamente cada solicitud antes de ejecutar detenciones o autorizar traslados internacionales. Por su parte, la Fiscalía General de la República apela a la confidencialidad de los acuerdos bilaterales, a pesar de que el tratado no impone restricciones específicas sobre la publicidad de las acusaciones formuladas.
Respuesta de los implicados ante la presión internacional
Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones de las autoridades estadounidenses, atribuyéndolas a una estrategia política dirigida contra el partido Morena. El gobernador de Sinaloa afirmó que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos en su contra.
En declaraciones recientes, el funcionario estatal manifestó encontrarse tranquilo y aseguró que permanecerá en la entidad, confirmando que hasta el momento no ha recibido una notificación jurídica formal. Aunque reconoció haber mantenido comunicación con la presidenta de la República sobre este asunto, los detalles de dicha conversación permanecen bajo reserva, manteniendo una postura de hermetismo frente al avance de las investigaciones internacionales.
