Antonio Molina Díaz, figura clave vinculada previamente a Genaro García Luna, ahora enfrenta acusaciones por un desfalco de al menos 230 millones de pesos durante la actual administración, sumándose a un historial de contratos fraudulentos multimillonarios que se extienden al sexenio de Enrique Peña Nieto.
Conexiones y ascensión: Molina en la órbita de García Luna y Garduño
Antonio Molina Díaz, excoordinador de los centros de reclusión desde 2011 por nombramiento de Genaro García Luna, mantuvo su posición y se consolidó en la Cuarta Transformación bajo Francisco Garduño, actual director general de Centros de Formación para el Trabajo en la SEP, pese a su trayectoria cuestionable.
La detención de Antonio Molina Díaz, ocurrida la semana pasada, lo vincula inicialmente al desvío de 5 mil millones de pesos de las cárceles federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este entramado se gestó mientras Molina fungía como coordinador de centros de reclusión desde 2011, un puesto al que llegó por designación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. García Luna ha sido condenado en Estados Unidos a 38 años de cárcel por colusión con el Cártel de Sinaloa.
Durante su gestión en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR), Molina celebró contratos multimillonarios para la construcción de ocho nuevas cárceles federales. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) determinaron que parte del dinero de estos contratos se dispersó en cuentas en el extranjero, incluyendo las de los hermanos Jonathan Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, quienes se identifican como socios y presuntos testaferros de García Luna.
La sombra de Ansbacher: Pegasus y contratos millonarios
El empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher, conocido por vender el spyware Pegasus al gobierno de Peña Nieto y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de López Obrador, es el socio recurrente en los contratos fraudulentos de Molina.
El empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher mantuvo una relación contractual prolongada con Molina. Durante el sexenio de Peña Nieto, Molina ya había otorgado a las empresas de Ansbacher por lo menos siete contratos valorados en 1,611 millones de pesos y 43 millones 470 mil dólares.
Irregularidades en la 4T: INM y el desfalco de 230 millones
Antonio Molina Díaz fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM) por Francisco Garduño, donde firmó contratos millonarios que resultaron en desfalcos por más de 230 millones de pesos, distribuidos en una red de 26 empresas de papel.
En el arranque del sexenio, Andrés Manuel López Obrador nombró a su amigo Francisco Garduño al frente del OADPR, donde conoció a Molina. A pesar del historial de Molina, Garduño lo mantuvo en su cargo y, en junio de 2019, cuando fue nombrado director del Instituto Nacional de Migración (INM) en el contexto de la militarización de la contención migratoria impulsada por la presión del presidente estadunidense Donald Trump, Garduño llevó consigo a Molina, entregándole la dirección general de Control y Verificación Migratoria.
Entre 2019 y 2020, bajo la dirección de Garduño, Molina firmó una serie de contratos millonarios en el INM que culminaron en desfalcos por un monto de 230 millones 578 mil pesos, los cuales fueron canalizados hacia 26 empresas de papel, según documentó la revista Proceso en noviembre de 2021.
Una investigación basada en un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Molina entregó contratos por 324 millones 371 mil pesos a la red de empresas de Ansbacher. Específicamente, más de 200 millones de pesos de este monto fueron dispersados en 26 empresas que carecían de empleados y movimientos salariales. Diez de estas empresas no habían informado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre sus operaciones. Proceso también documentó que las supuestas sedes de estas empresas se ubicaban en edificios vacíos o en espacios de “coworking”.
Adicionalmente, la ASF indicó que el INM amañó las licitaciones y ejecutó sobrecostos de hasta 122.7% en los servicios contratados, como el alquiler de material informático.
La gestión de Garduño: Impunidad y regreso al poder
La permanencia de Francisco Garduño en cargos gubernamentales, a pesar de controversias graves como el incendio en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes, revela un patrón de impunidad y un sorpresivo regreso a la administración pública en la SEP.
Antonio Molina permaneció en el INM hasta junio de 2023. López Obrador mantuvo a Garduño como comisionado, a pesar de la demanda en su contra derivada del incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023, donde fallecieron 40 migrantes. Tras la conmoción por la actitud indolente de los agentes del INM, quienes abandonaron a los migrantes encerrados, surgieron irregularidades en la gestión de los centros de detención por el equipo de Garduño, incluyendo adjudicaciones directas de contratos millonarios a empresas de perfil sospechoso.
Garduño salió formalmente del INM en mayo de 2025, sin enfrentar consecuencias por el caso del incendio de Ciudad Juárez. Pese a su historial controvertido y al repudio de organizaciones defensoras de derechos humanos —bajo su gestión, el INM se convirtió en la institución más denunciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)—, Garduño regresó al gobierno en enero pasado, con un nombramiento en la SEP. Mario Delgado, al anunciar su designación en un cargo con un sueldo neto de 113 mil 207 pesos al mes, calificó a Garduño como un “funcionario ejemplar” y afirmó que jugaría un papel “fundamental para la reforma a la educación”.
