El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue recluido en el Cefereso 1 “Altiplano” tras ser imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Imputación y estrategia de la fiscalía
La Fiscalía General de la República presentó cerca de cien datos de prueba contra ocho personas señaladas por un esquema de evasión fiscal y tráfico ilícito de combustibles.
La autoridad judicial dictó la medida de prisión preventiva contra el exmandatario estatal y siete coimputados tras una audiencia que superó las 24 horas de duración. La defensa legal de los implicados optó por solicitar la duplicidad del término constitucional, postergando la resolución de vinculación a proceso que deberá emitir la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega.
Red de implicados y logística de la reclusión
El operativo judicial alcanzó a diversos perfiles empresariales y aduanales vinculados con la operación irregular de hidrocarburos.
Los ocho individuos enfrentan situaciones diferenciadas de cumplimiento penitenciario según su estado de salud:
- Ernesto Ruffo Appel: Trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez.
- José Merino Valdez Cuervo y Guillermo de la Peña Rosales: Concedida la prisión domiciliaria debido a condiciones médicas específicas.
- Adriana Magali Bárcenas Guillén: Recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nezahualcóyotl Sur.
- Otros coimputados: Ricardo Thompson Navarro (socio de Ingemar), José María de la Peña Ramos (accionista de Internacional de Fundentes), así como los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
Mecánica del ilícito y afectación patrimonial
La investigación de la Fiscalía detalla un esquema de defraudación mediante la manipulación de declaraciones en aduanas para el ingreso de derivados del petróleo.
El esquema de contrabando operaba bajo dos modalidades principales reportadas por las autoridades federales:
- Declaraciones falsas o incompletas: Omisión de los volúmenes reales de combustible transportado.
- Simulación de mercancía: Declaración del producto como bienes distintos para evadir la carga impositiva.
Las indagatorias vinculan a este grupo con la empresa Ingemar, donde Ruffo Appel figura como accionista mayoritario. Según los registros de la Fiscalía, entre enero y julio de 2025, esta estructura generó un menoscabo a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos. Este ilícito, además de la erosión fiscal, es señalado como un flujo financiero para organizaciones criminales.
