Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no existen elementos suficientes para ejecutar la detención provisional de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, al considerar que la solicitud carece de sustento probatorio.
“No hay evidencia que justifique la urgencia de la detención”, es la postura que la institución mexicana ha fijado ante el requerimiento estadounidense, por lo que solicitará información adicional antes de proceder conforme al marco legal mexicano.
La petición fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un proceso que busca la captura y eventual extradición de los implicados; sin embargo, el Gobierno de México ha sostenido que la documentación entregada no cumple con los estándares exigidos en el tratado bilateral en materia de extradición.
Solicitud bajo revisión
La FGR, órgano encargado de investigar delitos federales y participar en procesos de extradición, indicó que analizará el caso únicamente si se presentan pruebas adicionales que acrediten la probable responsabilidad de los señalados, conforme a la legislación nacional.
En este contexto, la dependencia también advirtió sobre posibles afectaciones al debido proceso derivadas de la difusión pública de las acusaciones antes de que se formalicen judicialmente, lo que podría vulnerar derechos de los implicados.
Respaldo del Gobierno federal
El caso ha generado una reacción política inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se puede proceder sin pruebas contundentes y calificó las acusaciones como un posible acto de injerencia, al tiempo que llamó a mantener la unidad nacional frente al señalamiento externo.
Además del gobernador de Sinaloa, entre los señalados por autoridades estadounidenses se encuentran otros funcionarios en activo, incluidos actores políticos vinculados al partido Morena, lo que ha elevado la tensión diplomática entre ambos países.
Contexto del caso
Las acusaciones forman parte de una investigación en Estados Unidos que señala una presunta red de colaboración entre funcionarios mexicanos y el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia ese país, a cambio de beneficios políticos y económicos.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas mantienen el caso en revisión y condicionan cualquier acción legal a la entrega de pruebas suficientes que permitan sustentar una orden de detención conforme al sistema jurídico nacional.
