Redacción
CANCÚN.- Actos de discriminación, rechazo laboral y agresiones verbales contra integrantes de la comunidad cubana en Quintana Roo se han incrementado tras la viralización de un incidente ocurrido en la Supermanzana 23 de Cancún, advirtió Marilyn Torres Leal, presidenta de la organización de atención a migrantes Cisvac.
“Nos comentan que les gritan ‘fuera cubanos’ o ‘regrésate a tu país’. Incluso hay personas que aseguran haber visto anuncios donde especifican que no contratan a ciudadanos cubanos”, señaló la activista.
De acuerdo con la representante de Cisvac, la agrupación ha recibido en los últimos días entre 15 y 20 reportes diarios de personas que afirman haber perdido oportunidades de empleo, enfrentado conflictos con vecinos y arrendadores, o sido víctimas de agresiones verbales relacionadas con el ambiente generado tras la difusión del caso.
El contexto se remonta a un incidente ocurrido en la Supermanzana 23, donde un hombre de nacionalidad cubana agredió a un residente local después de que éste reclamara la mordedura de un perro. El hecho fue grabado y difundido ampliamente en redes sociales.
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Posteriormente, usuarios convocaron a través de plataformas digitales a acudir al domicilio del presunto agresor. El lunes, varias personas se concentraron en el lugar y lanzaron piedras contra la vivienda.
Según Torres Leal, la difusión masiva del incidente derivó en mensajes de odio, publicaciones de datos personales y expresiones de rechazo que han generado temor entre familias migrantes que no tienen relación alguna con los hechos.
La activista advirtió que detrás de cada publicación viral existen familias, vecinos y menores de edad que también enfrentan las consecuencias de la polarización social.
“La violencia nunca debe responderse con más violencia. Hay personas que reaccionan desde el enojo y terminan buscando hacer justicia por propia mano, pero eso no resuelve nada y puede salirse de control”, expresó.
La presidenta de Cisvac sostuvo que la responsabilidad individual de una persona no debe convertirse en motivo para señalar o estigmatizar a toda una comunidad por su nacionalidad.
Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a permitir que las autoridades competentes determinen responsabilidades mediante los procedimientos legales correspondientes y evitar campañas de odio o persecución social.
Torres Leal reconoció que quienes hayan cometido alguna falta deben responder conforme a la ley, pero insistió en que ello no justifica actos de discriminación colectiva.
La organización informó que continuará documentando los casos reportados y canalizándolos ante las instancias competentes.
