Alejandro PEza/CARIBE PENNSULAR
CHETUMAL.- El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Chetumal por presuntos daños al patrimonio arqueológico derivados de las obras del Tren Maya y de la construcción del parque Balam Tun.
De acuerdo con la organización sindical, la querella está relacionada con el presunto desmantelamiento de 47 monumentos arqueológicos de origen maya, situación que, aseguran, habría ocasionado afectaciones irreversibles a bienes considerados patrimonio histórico y cultural de la nación.
En la denuncia se señala como principal responsable al exdirector general del INAH, Diego Prieto Hernández, a quien atribuyen decisiones administrativas y técnicas que, presuntamente, permitieron la alteración, traslado o desmantelamiento de estructuras arqueológicas durante el desarrollo de los proyectos de infraestructura.
Los representantes del sindicato indicaron que solicitaron a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación exhaustiva para determinar si existieron conductas constitutivas de delito y, en su caso, deslindar responsabilidades entre los funcionarios públicos, empresas constructoras y cualquier otra persona involucrada en la ejecución de las obras.
Señalaron que el patrimonio arqueológico de México se encuentra protegido por la legislación federal, por lo que cualquier intervención sobre monumentos prehispánicos debe realizarse bajo estrictos criterios técnicos, científicos y legales, privilegiando siempre su conservación.
Los denunciantes sostienen que existen elementos documentales y técnicos que, a su juicio, justifican la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer si durante las obras del Tren Maya y del parque Balam Tun se incurrió en acciones que vulneraron la integridad de vestigios arqueológicos de la cultura maya.
El sindicato manifestó que esta acción legal busca que las autoridades federales revisen los procedimientos empleados durante los trabajos de construcción y determinen si las autorizaciones emitidas por el propio INAH se apegaron a la normatividad vigente en materia de protección del patrimonio cultural.
La organización también hizo un llamado para que especialistas independientes participen en las investigaciones y se garantice la transparencia en el análisis de los hechos, al considerar que la preservación del patrimonio arqueológico constituye una responsabilidad de interés nacional.
