Por Alejandro Peza
CHETUMAL.- El Congreso del Estado recibió una iniciativa de reforma constitucional que busca reconocer oficialmente a la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como patrimonio lingüístico y cultural de Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas sordas y garantizar condiciones de inclusión en ámbitos como la educación, el trabajo y la vida cotidiana.
La propuesta fue presentada por diputadas promoventes ante la XVIII Legislatura y plantea incorporar el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana dentro del marco constitucional del estado, de manera que la inclusión de las personas sordas no dependa únicamente de acciones administrativas o programas temporales, sino que se convierta en una obligación permanente para las instituciones públicas.
Andrea González Loría, una de las diputadas promoventes, explicó que la iniciativa parte de la necesidad de eliminar las barreras de comunicación que enfrentan diariamente las personas sordas, particularmente al momento de acceder a servicios públicos, continuar con sus estudios, incorporarse al mercado laboral o realizar actividades cotidianas.
La legisladora señaló que reconocer constitucionalmente la Lengua de Señas Mexicana permitiría avanzar hacia un esquema de mayor igualdad de oportunidades y garantizar que las personas sordas puedan ejercer plenamente sus derechos.
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Entre los principales planteamientos de la iniciativa se encuentra que el Estado garantice condiciones para la enseñanza y utilización de la Lengua de Señas Mexicana dentro del sistema educativo.
La propuesta contempla que las instituciones educativas cuenten progresivamente con mecanismos que permitan atender a estudiantes sordos, así como con docentes capacitados y personal intérprete que facilite la comunicación y el aprendizaje.
De esta manera, se busca reducir las dificultades que enfrentan niñas, niños y jóvenes sordos durante su formación académica, especialmente cuando no existen suficientes herramientas de comunicación accesible dentro de las aulas.
La iniciativa plantea que la inclusión educativa debe ir más allá de permitir el ingreso de estudiantes sordos a las escuelas, procurando que cuenten con las condiciones necesarias para participar plenamente en las actividades académicas.
También buscan eliminar barreras en el ámbito laboral
Otro de los puntos centrales de la propuesta es el acceso de las personas sordas al empleo en condiciones de igualdad.
Las diputadas promoventes plantean que las barreras de comunicación no sean un impedimento para que una persona sorda pueda acceder a un puesto de trabajo acorde con sus capacidades, preparación y experiencia.
Para ello, se propone que las instituciones y espacios laborales puedan disponer de los recursos técnicos, humanos e interpretativos necesarios para facilitar la comunicación.
El objetivo, explicó González Loría, es que la discapacidad auditiva no se convierta en una causa de exclusión laboral y que las personas sordas puedan desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones.
La propuesta también contempla fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar su desarrollo integral y participación en la sociedad.
