La política nacional se cimbró este 22 de septiembre de 2025 en San Lázaro, donde una demanda de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández fue presentada. Las acusaciones giran en torno a presuntos actos y omisiones que, durante su gestión en Tabasco, habrían favorecido al crimen organizado, encendiendo una alerta sobre la rendición de cuentas en la esfera pública.
La demanda de juicio político: Detalles y fundamentos
La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, formalizó esta mañana ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político que apunta directamente al senador Adán Augusto López Hernández, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. La acción se fundamenta en presuntos actos y omisiones que, se alega, beneficiaron a grupos del crimen organizado durante el periodo en que López Hernández fungió como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021.
La solicitud de Pérez-Jaén no se limita a la apertura de un proceso judicial, sino que incluye peticiones explícitas de destitución e inhabilitación para el morenista hasta por 20 años. Además, insta a la apertura de los procesos penales correspondientes, de ser el caso, en vista de las graves implicaciones de las acusaciones. Un punto central en la argumentación de la legisladora panista es que López Hernández, como superior jerárquico de Hernán Bermúdez Requena, quien ocupaba el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en su administración, tenía conocimiento de las actividades ilícitas atribuidas al exfuncionario.
Los delitos imputados: Tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento
La demanda de juicio político detalla una serie de delitos presuntamente cometidos por el actual coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. Estas imputaciones perfilan un panorama de irregularidades que habrían permeado su administración.
Tráfico de influencias
Se acusa a López Hernández de tráfico de influencias, al haber actuado en su carácter de servidor público. Esta conducta implicaría la promoción o gestión de la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos. Dichos negocios, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión como gobernador de Tabasco, pudieron producirle beneficios económicos o de cualquier otra índole, incluso hasta la fecha.
Cohecho
Otro de los delitos señalados es el cohecho. La demanda expone que, en su rol de servidor público, López Hernández habría solicitado o recibido ilícitamente, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio. La presunta contraprestación sería la realización o la omisión de un acto propio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
Encubrimiento
Finalmente, se le imputa el delito de encubrimiento. La base de esta acusación es que López Hernández habría tenido conocimiento de las actividades ilícitas realizadas por su entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Lejos de actuar conforme a la ley, se alega que prestó auxilio o cooperación de cualquier especie al autor del delito. Inclusive, se señala que pudo haberlo ayudado a ocultarse, sin ofrecer el auxilio necesario a las autoridades correspondientes para la investigación.
El curso de la acción en San Lázaro
María Elena Pérez-Jaén ha precisado que presentó su solicitud en calidad de ciudadana, subrayando la dimensión cívica de su iniciativa. Ha confirmado que el próximo jueves regresará a la Secretaría General de San Lázaro con el propósito de ratificar formalmente la demanda. Este paso es crucial para que el proceso avance en la Cámara de Diputados.
La presentación de esta demanda de juicio político no solo abre un nuevo frente de batalla en la ya polarizada arena política, sino que también plantea interrogantes profundas sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios de alto nivel. ¿Se sentarán precedentes para una mayor transparencia en la gestión pública y la lucha contra la impunidad?
