Habitantes de Topolobampo y comunidades indígenas sabotearon el inicio de construcción de la planta de metanol Pacífico Mexinol, confrontando al gobernador de Sinaloa por la falta de manifiestos de impacto ambiental y la omisión de consultas previas obligatorias.
La ceremonia de colocación de la primera piedra, programada para este 23 de abril, se disolvió luego de que activistas y vecinos irrumpieran en el recinto, obligando a los ejecutivos del proyecto a suspender el protocolo. El gobernador Rubén Rocha Moya, quien asistía en calidad de testigo de honor, debió ser evacuado de la zona ante el incremento de la tensión y los reclamos directos de los pobladores. La oposición técnica y social se fundamenta en que la empresa no ha acreditado la manifestación de impacto ambiental ni ha ejecutado el censo y encuesta vinculante con los pueblos originarios de la región norte del estado.
Susana Quintero, representante del colectivo “Aquí No”, encabezó el encaramiento contra el mandatario estatal, denunciando una supuesta parcialidad de la administración en favor del capital extranjero y la desatención a los riesgos ecológicos. Durante la protesta, se subrayó la advertencia de que la comunidad no permitirá el funcionamiento de la infraestructura, incluso bajo la amenaza de criminalización o detenciones. Las declaraciones de los manifestantes responsabilizaron directamente al ejecutivo estatal por la integridad física de los activistas y sus familias, citando amenazas previas derivadas de su labor de resistencia territorial.
- Incumplimiento normativo: Ausencia de encuestas oficiales con comunidades indígenas y falta de documentación ambiental validada.
- Resistencia territorial: Toma simbólica de las instalaciones desde el día previo por parte de vecinos de Topolobampo.
- Escalada de conflicto: Cancelación temporal de la obra tras la evacuación del cuerpo oficial y directivos de Mexinol.
La movilización social impidió que se formalizara el inicio de los trabajos en una jornada marcada por consignas sobre la dignidad de los pueblos y la soberanía de los recursos naturales. Los inconformes señalaron que la ley parece aplicarse de forma selectiva, favoreciendo el establecimiento de la planta de metanol a pesar de las lagunas legales en sus requisitos de operación. El retiro forzado de Rubén Rocha Moya del sitio representa un hito en el conflicto socioambiental de la zona, donde la exigencia de transparencia y respeto a los protocolos internacionales de consulta indígena se mantiene como el eje ejecutor de la parálisis del proyecto industrial.
