La acción civil por daño moral interpuesta por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, presenta vulnerabilidades procesales significativas: una jurisdicción potencialmente improcedente, vías legales de limitada viabilidad y un calendario judicial adverso, evidenciando una estrategia política.
La Acción de Daño Moral: alcances y carga probatoria
La demanda por daño moral contra Maru Campos surge de imputaciones públicas que la vinculan con el crimen organizado, si bien la viabilidad jurídica de la querella presenta falencias sustantivas en su encuadre.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha formalizado una demanda por daño moral contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Esta acción se origina tras las declaraciones de Campos el 22 de octubre en una entrevista con Carlos Loret, donde afirmó que Montiel «tiene mucho que explicar y mucho que decir sobre el crimen organizado» en Chihuahua, e indicó haberlo comunicado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente, Campos aludió a nexos con un cártel, aunque no consta la presentación de pruebas formales ante la autoridad competente. El 27 de octubre, Montiel anunció tres vías legales: daño moral, calumnias y violencia política de género. El 14 de noviembre, la demanda civil fue confirmada como presentada en la Ciudad de México, donde Montiel reside.
Jurídicamente, la acción se configura como una responsabilidad civil extracontractual, exigiendo al causante de un daño ilícito su reparación. Al ser una acción personal, se dirige directamente contra un sujeto determinado. En la Ciudad de México, rige un régimen especial. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 1a./J. 127/2025, ha establecido que, en casos de daño moral atribuido al ejercicio abusivo de la libertad de expresión, no se aplica el Código Civil local, sino la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen. Esta interpretación asume que la gobernadora emitió las declaraciones en ejercicio de su libertad de expresión y no en su carácter de autoridad, ya que, de ser lo segundo, la ruta legal implicaría la responsabilidad del Estado.
La Ley de Responsabilidad Civil de la Ciudad de México exige la concurrencia de tres elementos (artículo 36):
- Afectación a un bien tutelado.
- Derivación de un acto ilícito.
- Relación de causa y efecto entre ambos.
La carga de la prueba recae, primariamente, sobre el actor (artículo 37), y la acción prescribe en un plazo de dos años (artículo 38). El umbral probatorio se diferencia según la figura del demandante:
- Figura Pública (sin cargo): La ley exige acreditar que la información fue difundida con conocimiento de su falsedad (artículo 31).
- Servidor Público: El umbral es más elevado (artículo 30).
Ariadna Montiel, como dirigente partidista, no ejerce una función pública actual, aunque los hechos que se le imputan datan de su período como secretaria de Estado. Por consiguiente, no le basta con alegar la ausencia de pruebas por parte de Campos; debe demostrar la falsedad de la imputación y el conocimiento de dicha falsedad por parte de la demandada.
Competencia jurisdiccional: el fuero como obstáculo procesal
La interposición de la demanda en la Ciudad de México, sin co-demandados capitalinos, genera un vicio de fuero, configurando una disyuntiva procesal que la gobernadora Campos puede explotar para reubicar el litigio en Chihuahua.
Un presupuesto procesal ineludible es la competencia del juez. La Ley especial de la Ciudad de México no especifica reglas de competencia, remitiéndose al Código de Procedimientos Civiles local (artículo 35). Este código, vigente hasta abril de 2027 para juicios ordinarios, establece el fuero del domicilio como criterio: en acciones personales, es competente el juez del domicilio del demandado (artículo 156, fracción IV). El domicilio del actor no funge como criterio de competencia.
Dado que la gobernadora Campos reside y ejerce su función en Chihuahua, la demanda debió presentarse en esa entidad si ella es la única demandada, como ha sido informado. Este vicio procesal, no obstante, es subsanable. La competencia territorial es prorrogable; las partes pueden modificarla tácitamente. Si la demandada contesta la demanda sin objetar la competencia, se configura la sumisión tácita, habilitando al juez capitalino (artículos 151 y 153). Sin embargo, Campos puede objetarla, optando por:
- Declinatoria: Ante el juez de la Ciudad de México, para que este decline su competencia.
- Inhibitoria: Ante un juez de Chihuahua, para que este reclame la competencia del asunto (artículo 163).
La decisión de Campos acarrea consecuencias sustantivas. Si el litigio se radica en Chihuahua, la ley especial capitalina dejaría de aplicarse. Regiría, en principio, el Código Civil del estado de Chihuahua. Su artículo 1801 define el daño moral y extiende la obligación de reparación al Estado y a sus funcionarios. El artículo 1801 Bis, por su parte, excluye la responsabilidad de quien ejerce sus derechos de opinión, crítica, expresión e información dentro de los límites de los artículos 6º y 7º constitucionales, e impone al actor acreditar plenamente la ilicitud de la conducta y el nexo directo con el daño.
En ambos fueros, existen defensas de fondo:
- Veracidad: La ley capitalina excluye el daño moral si se imputan hechos veraces y de interés público (artículo 25).
- Distinción Hechos/Opiniones: Los juicios de valor no generan responsabilidad si no son insultantes. La afirmación «Tiene mucho que explicar» se considera una opinión, mientras que atribuir nexos con un cártel no lo es. La actora debería identificar la imputación fáctica específica y probar su falsedad.
Vías alternas y temporalidad procesal: perspectiva y contingencias
Las vías de calumnia y violencia política de género presentan obstáculos legales insuperables, y los tiempos procesales dificultan una sentencia firme antes de la elección de 2027, sugiriendo una utilidad política transitoria del litigio.
Las dos vías adicionales anunciadas por Montiel enfrentan dificultades considerables para su procedencia:
- Calumnia: Este delito ha sido derogado en el Código Penal de la Ciudad de México (2006), en el ámbito federal (2007) y en Chihuahua (al expedirse su Código Penal de 2006). Si la intención es una denuncia penal por calumnia, se trataría de un hecho atípico. La calumnia solo subsiste como infracción electoral, con regulaciones específicas.
- Violencia Política de Género: Esta figura exige que la conducta se dirija a una mujer por ser mujer o la afecte de manera diferenciada o desproporcionada (jurisprudencia 21/2018 del Tribunal Electoral). Imputar nexos criminales, aunque grave, es una acusación neutra que se formularía indistintamente contra un hombre. La demanda debería identificar un estereotipo de género implícito, lo cual no ha sido señalado hasta ahora.
La elección de tres vías —una inexistente como delito, otra de difícil encuadre y la tercera presentada fuera del fuero legal— revela, a juzgar por lo anunciado y la no-publicidad del escrito, una posible falencia en el equipo jurídico de la actora o, alternativamente, que el objetivo principal no es la obtención de una sentencia definitiva.
El argumento más robusto que Montiel podría esgrimir contra Campos, y que no ha explotado, reside en el deber de denuncia. El Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 222) obliga a quien, en ejercicio de funciones públicas, conozca un hecho probable delictivo a denunciarlo inmediatamente ante el Ministerio Público. Si Campos tenía conocimiento de hechos delictivos y no una mera sospecha, comunicarlo a la presidenta Sheinbaum no satisface esta obligación. No consta denuncia alguna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ríos y otros contra Venezuela (2009), sostuvo que los funcionarios deben constatar razonablemente los hechos que fundamentan sus declaraciones con mayor diligencia que un particular. Si bien la misma sentencia reconoce la legitimidad y, en ocasiones, el deber de pronunciarse sobre asuntos de interés público —aspecto que Campos tiene a su favor—, el flanco del deber de denuncia persiste como una oportunidad no capitalizada por la actora.
Finalmente, el tiempo procesal representa un factor crítico. La cuestión de competencia, la instrucción judicial, la emisión de sentencia, las fases de apelación y el posible amparo directo configuran un juicio que se extiende por años. La elección de Chihuahua está programada para 2027. Es altamente probable que no se alcance una sentencia firme antes de la jornada electoral, lo que implicaría que el litigio, en su faceta judicial, pierda su utilidad política una vez transcurrido el ciclo electoral.
Los tiempos del proceso judicial difieren marcadamente de los del proceso político-electoral. Un litigio se mide por su capacidad de generar un fallo judicial, no por su resonancia mediática. Esta acción se interpuso fuera de su fuero natural, con vías legales de dudosa procedencia y sin la temporalidad necesaria para una resolución definitiva. Quien detenta el poder y señala debe denunciar; quien demanda ante la justicia debe litigar con solidez. Lo demás, se configura como un acto para la tribuna política.









