Magistrado Ricardo León Caraveo denuncia red de corrupción en el TFJA ante la FGR

Ricardo León Caraveo denunció ante la FGR la falsificación de 100 sentencias en el TFJA y acusó persecución laboral y administrativa.
Magistrado Ricardo León Caraveo denuncia red de corrupción en el TFJA ante la FGR

El magistrado Ricardo León Caraveo denunció ante la Fiscalía General de la República una red de corrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señalando la falsificación de más de 100 sentencias en Jalisco y acusando represalias laborales y desplazamiento administrativo.

El magistrado Ricardo León Caraveo formalizó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por la emisión de más de 100 fallos jurisdiccionales presuntamente apócrifos en la Tercera Sala Regional de Occidente.

El hallazgo de sentencias apócrifas en la Sala Regional de Jalisco

El análisis de expedientes en Jalisco reveló la falsificación de resoluciones fiscales con un impacto económico superior a los 29 millones de pesos, operadas sin quórum legal ni sesiones plenarias.

Designado en 2024 mediante nombramiento firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo León Caraveo asumió funciones en la Tercera Sala Regional de Occidente, con sede en Jalisco, tras rechazar una adscripción inicial en Hidalgo. Durante su gestión en dicha ponencia, detectó irregularidades sistemáticas en la actividad jurisdiccional que derivaron en un detrimento a la hacienda pública federal.

El 12 de mayo de 2025, el funcionario emitió un oficio dirigido a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), integrada en ese periodo por Guillermo Valls Esponda, Hortensia García Salgado y Carlos Humberto Rosas Franco. En el documento notificó anomalías atribuidas a sus entonces compañeros de sala, Luis Enrique Osuna Sánchez y Juan José de la Garza Báez.

Los coacusados señalaron en diversos expedientes que León Caraveo se negó a firmar las resoluciones. Sin embargo, el magistrado argumentó que en las fechas de los fallos no se encontraba en Guadalajara o que los proyectos carecían de subsanación jurídica ante las observaciones planteadas por escrito. Fuentes ministeriales indicaron que, de manera paralela a los oficios internos, el denunciante acumuló 42 días hábiles de ausencia entre febrero de 2024 y enero de 2025 sin notificar a la Junta de Gobierno, justificándose en asuntos familiares.

Mecánica de la falsificación y afectación al erario federal

Las actuaciones irregulares incluyeron la firma de fallos por parte de funcionarios con periodo vencido y la simulación de quórum legal en juicios contra instituciones fiscales y de seguridad social.

En su querella interpuesta ante la Fiscalía Federal de Tabasco, León Caraveo documentó un caso específico donde Luis Enrique Osuna Sánchez suscribió un fallo como magistrado integrante pese a haber concluido el periodo para el cual fue designado.

  • Nulidad fiscal cuestionada: Una de las sentencias declaró la nulidad lisa y llana para el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 27 millones 172 mil 049.35 pesos y 2 millones 263 mil 147.91 pesos.
  • Simulación de plenos: El denunciante sostuvo que la sentencia carecía de validez porque nunca se celebró la sesión colegiada ni se reunieron tres magistrados.
  • Impacto institucional: Los fallos controvertidos se distribuyeron en demandas contra tres dependencias federales clave del Estado mexicano.
Institución demandadaNúmero de fallos emitidosParticipación
Servicio de Administración Tributaria (SAT)7468.52%
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)1715.74%
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)1715.74%

Conflicto de adscripción, omisión institucional y disputa por protección

La negativa de las instancias federales para atraer la investigación penal coincidió con el retiro de escoltas oficiales y la apertura de expedientes disciplinarios por el ingreso de personal armado a sedes judiciales.

Tras la insistencia en investigar al personal de la Sala Regional en Jalisco —que incluyó a magistrados, actuarios y oficiales de partes—, León Caraveo fue reasignado a Tabasco en 2025. El afectado calificó el traslado como una medida violenta que vulnera su seguridad y lo aleja de su núcleo familiar. Asimismo, acusó a la Junta de Gobierno de omisión ante las denuncias y de intensificar el acoso laboral.

El 30 de julio, la Fiscalía Federal en Tabasco solicitó a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) la atracción del expediente por tratarse de delitos de servidores públicos. La solicitud fue rechazada bajo el argumento de que el caso compete exclusivamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, instancia que hasta el momento no ha recibido el expediente.

Ante el riesgo percibido, la Fiscalía General de la República le asignó escoltas personales. No obstante, el 29 de junio, la Sala Regional de Tabasco suspendió labores luego de que un guardaespaldas del magistrado ingresara armado al inmueble sin identificarse ante la seguridad institucional. El presidente de dicha sala, Rosendo Gómez Silván, notificó el incidente a José Ramón Amieva Gálvez y Miguel Carrasco Hernández, integrantes de la Junta de Gobierno, lo que derivó en una indagatoria interna contra León Caraveo.

El 28 de septiembre, el titular de la FECOC, David Boone de la Garza, ordenó el retiro de la protección policial tras emitir un análisis de riesgo negativo que descartó peligro inminente para el magistrado en territorio tabasqueño.

Antecedentes políticos y trayectoria del magistrado

El paso previo de León Caraveo por el gabinete de Tabasco y sus vínculos políticos previos anteceden a su actual confrontación con las estructuras del tribunal administrativo.

Antes de su nombramiento en el TFJA, León Caraveo se desempeñó como secretario técnico y de seguimiento gubernamental en el gabinete del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, posición derivada de su cercanía con la finada Rosalía López Hernández.

El magistrado ha intentado desvincularse del exmandatario estatal tras los cuestionamientos en torno a los supuestos vínculos de este último con la organización delictiva La Barredora. Previamente, en 2022, contó con el respaldo político de Adán Augusto López en sus aspiraciones para presidir el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Tras su llegada a Villahermosa en 2025, León Caraveo externó temor por su integridad debido a confrontaciones operativas con Alfredo Celorio, presidente de la Sala Regional de Tabasco.

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