Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.— La jueza primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Tessy del Rocío Covarrubias, declaró procedente la solicitud de quiebra de Grupo Aéreo Monterrey, empresa operadora de Magnicharters, luego de que la aerolínea suspendiera repentinamente sus operaciones en abril pasado.
La resolución judicial ordena designar un síndico para tomar posesión de los bienes de la compañía, realizar un inventario y proceder a su eventual venta, con el objetivo de cubrir las obligaciones pendientes con trabajadores, agencias de viajes y otros acreedores.
De acuerdo con versiones de extrabajadores, el juzgado reconoció inicialmente alrededor de 500 adeudos, mientras que el pasivo laboral ascendería a 161 millones de pesos. A ello se sumarían posibles obligaciones por cerca de 150 millones de pesos con agencias de viajes por paquetes turísticos vendidos que no fueron cumplidos. Sin embargo, el monto total de la deuda aún no se conoce, debido a que la sentencia completa no ha sido publicada.
La quiebra representa el desenlace de una crisis que ya había expuesto las dificultades financieras de la empresa. En diciembre de 2025, Magnicharters se volvió noticia luego de que el piloto del vuelo 780 con destino a Cancún mantuviera a pasajeros a bordo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, argumentando falta de pago a por lo menos 300 empleados.
Posteriormente, el 29 de junio de este año, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) canceló el certificado de operador de servicios aéreos de la compañía, impidiéndole continuar con sus operaciones comerciales.
La declaración judicial de quiebra también implica la pérdida del título de concesión otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), distinto del certificado técnico que expide la AFAC. Por tratarse de una empresa que prestaba un servicio público concesionado, la jueza ordenó notificar a la dependencia federal, que cuenta con facultades para proponer al síndico y autorizar la eventual venta de bienes.
Entre los activos que podrían utilizarse para cubrir parte de las deudas se encuentran tres aviones Boeing 737-300 que permanecen en un hangar del AICM. Su valor y situación jurídica deberán determinarse durante el procedimiento, pues su venta dependerá de que se confirme que son propiedad plena de la empresa.
La jueza también autorizó diligencias para extraer el combustible de las aeronaves, una operación técnica necesaria por razones de seguridad antes de avanzar con el manejo de los equipos.
En paralelo, determinó que la quiebra de las filiales de Grupo Aéreo Monterrey deberá tramitarse por separado. Entre ellas se encuentran la agencia de viajes Magnitur y la empresa de transporte terrestre Magnibus, lo que podría complicar y prolongar la identificación de activos y obligaciones.
Magnicharters fue fundada en Monterrey en 1994 y durante más de tres décadas se posicionó como una aerolínea enfocada en el turismo nacional, con vuelos desde Ciudad de México, Monterrey y otras ciudades hacia destinos como Cancún, Riviera Maya, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida.
La compañía llegó a operar una flota de 12 Boeing 737 y ofrecer paquetes turísticos con servicios hoteleros. Su colapso deja ahora a trabajadores y consumidores en espera de respuestas sobre la recuperación de salarios, pagos y servicios que quedaron pendientes.
El proceso de quiebra deberá esclarecer cuánto debe realmente la empresa, qué bienes pueden liquidarse y en qué orden se cubrirán las obligaciones. Mientras tanto, los afectados enfrentan la incertidumbre de recuperar sus recursos en un procedimiento que apenas comienza a definir el alcance de las responsabilidades financieras de la aerolínea.
