La ausencia del senador Javier Corral en la audiencia clave del 29 de mayo de 2026 contra la gobernadora Maru Campos por intento de secuestro, aplaza el proceso y podría consolidar la no acción penal, blindando a la gobernadora.
Ausencia de senador desvía proceso contra gobernadora
Un juez de la Ciudad de México pospuso para el martes 2 de junio una audiencia crucial que el senador Javier Corral había promovido contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Este procedimiento buscaba reabrir un caso de tentativa de secuestro en el que se acusaba a la mandataria. La diligencia, programada originalmente para el viernes 29 de mayo de 2026 en el Reclusorio Sur, fue diferida debido a la inasistencia del propio senador morenista.
La audiencia tenía como objetivo revisar la impugnación de Corral contra la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de no ejercer acción penal. Dicha decisión se basó en la falta de elementos suficientes para acreditar que Campos intentó privar de su libertad a Javier Corral en agosto de 2024. El juez estableció que, en caso de una nueva ausencia de Corral el 2 de junio a las 9:45 horas, la resolución de no acción penal contra Maru Campos quedará firme, lo que cerraría definitivamente el capítulo legal. El equipo legal de Maru Campos, liderado por el abogado Roberto Gil Zuarth, fue el único en presentarse en el recinto judicial este viernes.
El origen del litigio: Detención fallida en Ciudad de México
La denuncia de Javier Corral tiene su origen en un operativo ejecutado el 14 de agosto de 2024 por la Fiscalía de Chihuahua. Elementos de esta institución se trasladaron a la Ciudad de México con la intención de detener al entonces senador electo, Javier Corral. En el momento en que los agentes intentaron ejecutar la detención, Corral se encontraba en un restaurante.
La intervención del entonces encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, fue determinante. Lara acudió en auxilio de Corral y confirmó que la institución capitalina había recibido el oficio de colaboración de su homóloga en Chihuahua. Sin embargo, la Fiscalía de la CDMX decidió no colaborar en el operativo. A raíz de estos hechos, Javier Corral presentó la denuncia contra la gobernadora Maru Campos por tentativa de privación ilegal de la libertad, clasificada como secuestro.
Maniobras legales: Intento de traslado a la FGR y el rechazo
Durante la audiencia del viernes 29 de mayo, el abogado de Maru Campos, Roberto Gil Zuarth, informó sobre una solicitud particular del senador Javier Corral. El senador pidió formalmente que la carpeta de investigación se trasladara a la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito específico de ponerla en manos de Ulises Lara, a quien identificó como la persona que lo «ayudó a evadirse de la orden de aprehensión» que se le pretendía ejecutar en 2024.
Gil Zuarth destacó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó esta petición. El abogado de la gobernadora Campos enfatizó que la negativa fue emitida «con mucho profesionalismo y con la ley en la mano», indicando un apego estricto al procedimiento legal por parte de la autoridad capitalina. Esta decisión mantiene el caso bajo la jurisdicción de la FGJCDMX, pese a los esfuerzos del senador por redirigirlo.
Futuro judicial: Consecuencias de una segunda inasistencia
La determinación judicial pende de la asistencia de Javier Corral a la nueva fecha programada para el martes 2 de junio de 2026. La advertencia del juez es clara: una segunda inasistencia por parte del senador consolidaría de manera «firme» la decisión previa de no ejercer acción penal contra Maru Campos por tentativa de secuestro. Esto implicaría el archivo definitivo de la causa, otorgando un blindaje legal a la gobernadora frente a esta acusación.
La ausencia del impulsor de la querella en una etapa tan crítica del proceso judicial podría interpretarse como una falta de interés o incapacidad para sostener la acusación. El caso ha generado una confrontación política y legal entre Javier Corral y Maru Campos, cuya resolución final ahora depende directamente de la presencia del senador en la próxima diligencia.
