Amnistía Internacional denunció que persisten obstáculos graves en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalando directamente al Ejército por incumplir mandatos judiciales y retener documentos clave para esclarecer los hechos ocurridos hace 12 años.
El desacato castrense frente a la justicia
La negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional a cumplir con las órdenes judiciales mantiene paralizada la búsqueda de datos fundamentales sobre la desaparición de los estudiantes.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, exigió públicamente que la Secretaría de la Defensa Nacional libere de forma íntegra los archivos del periodo de 2014.
- Centro Regional de Fusión de Inteligencia: La organización demanda la entrega absoluta de los registros generados por el organismo con sede en Iguala, Guerrero.
- 853 folios ocultos: La institución castrense mantiene una negativa sistemática para proporcionar documentos específicos requeridos por las familias y sus representantes legales.
- Orden judicial ignorada: El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitió un mandato el pasado 19 de febrero que continúa sin ser acatado a siete meses de su notificación.
La destrucción sistemática de pruebas clave
El ocultamiento institucional y la alteración de evidencias marcan la trayectoria de una indagatoria obstaculizada por mandos políticos y de seguridad.
La organización defensora de derechos humanos documentó que la sustracción y el encubrimiento han operado como una constante estructural a lo largo de los años transcurridos.
- Videos borrados: Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio Municipal de Iguala fueron eliminadas deliberadamente.
- Responsabilidad política: La ejecución de dicha orden se atribuye al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a otras dos personas identificadas en el proceso.
- Investigación por encubrimiento: Amnistía Internacional calificó el hecho como inaudito y exigió abrir procesos penales ante la gravedad que implica la pérdida intencional de material probatorio.
