Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Asociación Nacional de Padres de Familia y sindicatos magisteriales, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acordaron establecer una alianza estratégica con el objetivo de erradicar la protección interna a docentes señalados por acoso y abuso sexual, y garantizar que los responsables enfrenten no solo sanciones administrativas, sino también procesos penales.
El anuncio fue realizado por Sergio Acosta Manzanero, vicepresidente de la asociación en la entidad, quien advirtió sobre la existencia de una “cifra negra” considerable en este tipo de delitos dentro del entorno escolar, lo que impide dimensionar con precisión la magnitud del problema.
Sergio Acosta Manzanero subrayó que uno de los principales objetivos de esta alianza es romper con prácticas históricas en las que las estructuras sindicales han sido señaladas por proteger a docentes acusados, obstaculizando tanto las investigaciones como el acceso a la justicia para las víctimas.
“Es momento de que exista un compromiso real. No puede haber protección interna para agresores. Además de las sanciones laborales, debe haber consecuencias legales claras”, expresó.
La Asociación Nacional de Padres de Familia en Quintana Roo alertó que existe una amplia brecha entre los casos reportados y las denuncias formales por acoso y abuso sexual en escuelas. De acuerdo con sus registros, en lo que va del actual ciclo escolar se han documentado al menos 15 casos; sin embargo, estiman que la cifra real podría ascender hasta 100 incidentes, debido a que la mayoría no se denuncia ante las autoridades.
De estos casos identificados, únicamente tres han derivado en denuncias penales formales, lo que refleja las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias para iniciar procesos legales, ya sea por temor, desconfianza institucional o presión social.
Acosta Manzanero pidió a los representantes sindicales para que dejen de actuar como protectores de los docentes señalados y, en cambio, se sumen activamente a la construcción de mecanismos de prevención, denuncia y sanción.
Destacó que esta problemática no distingue niveles educativos, ya que se han identificado casos desde educación básica hasta media superior, lo que evidencia la necesidad de una estrategia integral que abarque todo el sistema educativo.
Señaló que, aunque las dirigencias sindicales han manifestado disposición para colaborar, es necesario que este compromiso se traduzca en acciones concretas una vez que existan notificaciones oficiales sobre denuncias, a fin de garantizar que ningún caso quede impune y que las escuelas sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.
