La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, implicado en una red de huachicol fiscal, acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de aplicar una «justicia selectiva», destacando un «silencio institucional» frente a cinco cartas sin respuesta. Este patrón contrasta con la celeridad observada en otros expedientes políticos.
El clamor de un vicealmirante ignorado por el poder ejecutivo
Epigmenio Mendieta, abogado del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ha reprochado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum la falta de respuesta a las comunicaciones de su cliente. El vicealmirante, adscrito a la Secretaría de Marina (Semar), enfrenta acusaciones de participación en una red de huachicol fiscal. La inacción presidencial ante la quinta carta enviada por Farías Laguna evidencia, según su defensa, un «silencio institucional» preocupante.
Este mutismo contrasta marcadamente con la postura de las autoridades en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Mendieta enfatiza que, mientras en el ámbito público la Presidenta exige «pruebas suficientes» y «elementos contundentes» para cualquier señalamiento, este estándar no se aplica uniformemente.
La incongruencia judicial y los criterios de acusación pública
El abogado Mendieta destacó la inconsistencia entre el discurso presidencial y la práctica institucional. La Presidenta ha reiterado en sus conferencias la necesidad de «pruebas suficientes» y «elementos contundentes» antes de emitir juicios o responsabilizar a individuos. Sin embargo, esta exigencia de rigor probatorio parece disolverse en el caso del vicealmirante Farías Laguna, donde el silencio oficial se convierte en una barrera para la defensa.
El contexto se complejiza con las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos, que han señalado a diversos actores políticos de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza. En estos escenarios, el Gobierno mexicano ha insistido, correctamente, en el debido proceso y la presentación de pruebas antes de cualquier condena. La defensa de Farías Laguna argumenta que este mismo principio debe extenderse a todos los ciudadanos, sin distinción de la conveniencia política del caso.
Vulneraciones procesales y el blindaje informativo de la fiscalía
Manuel Roberto Farías Laguna, quien además es sobrino del extitular de la Semar, Rafael Ojeda, ha denunciado ser víctima de graves violaciones a sus derechos humanos y una serie de irregularidades procesales. Su defensa señala un estado de indefensión provocado por la negación de información crucial. Tanto la Secretaría de Marina como la Fiscalía General de la República (FGR) le han negado el acceso a elementos clave para construir su estrategia legal.
El vicealmirante ha comunicado directamente a la presidenta Sheinbaum que su vinculación a proceso se realizó sin «pruebas fehacientes» que acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos imputados. Adicionalmente, Farías Laguna reprochó haber sido exhibido públicamente como culpable incluso antes de su audiencia inicial, lo que generó un «efecto corruptor» y violentó su presunción de inocencia. Tras ocho meses de detención, el acceso a la carpeta de investigación completa sigue siendo denegado por la FGR, que argumenta razones de seguridad nacional.
La justicia no admite selectividad: Un llamado a la igualdad procesal
La falta de respuesta a las cinco cartas consecutivas dirigidas a la Presidencia no solo agrava la percepción de abandono institucional que denuncian el vicealmirante y su familia, sino que también genera serios cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso oficial sobre la justicia y la actuación concreta de las instituciones responsables de garantizarla. Epigmenio Mendieta ha sido enfático: «Si el Gobierno de México sostiene que nadie puede ser condenado sin pruebas, ese criterio debe aplicarse para todos los ciudadanos por igual y no únicamente en los casos políticamente convenientes».
El abogado concluye que la justicia no puede estar supeditada al contexto político, y la presunción de inocencia, pilar fundamental del sistema legal, jamás debe aplicarse de manera selectiva. La situación de Farías Laguna expone una fisura en la aplicación equitativa de los principios jurídicos en el país.
