Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Centro Empresarial Coparmex Chetumal, Bacalar y Mahahual advirtió que las empresas foráneas están acaparando la obra pública estatal y dejan fuera a negocios del sur.
El organismo empresarial advierte que 70% de los recursos estatales y hasta 95% de la infraestructura federal de salud han terminado en manos de compañías de otros estados.
Entre las empresas señaladas se encuentran Construindustrial y de Servicios SIMMA, de Tabasco, así como Construservicios ESL y AF Instalaciones, con presencia en Querétaro.
Para Coparmex, el problema no radica únicamente en quién ejecuta una obra, sino en el impacto económico que genera la contratación.
Cuando una empresa local obtiene un contrato, explicó el organismo, una mayor proporción de los recursos permanece en la entidad mediante la contratación de trabajadores, compra de materiales, renta de maquinaria, servicios especializados y subcontratación de proveedores locales.
En cambio, cuando los contratos son adjudicados a compañías de otras entidades, una parte importante de esa derrama económica sale de Quintana Roo.
La Coparmex señaló que además la economía de la zona sur de Quintana Roo enfrenta una caída en el empleo formal y un crecimiento acelerado de la informalidad.
Se informó que empresas locales están interesadas en participar en la construcción de las obras del Barrio Mágico de Chetumal y la Plaza del Faro en Mahahual, que en conjunto representan una inversión pública de 137 millones de pesos.
El Centro Empresarial advirtió que la ejecución de estas obras representa una de las últimas oportunidades que tiene la actual administración estatal para demostrar que la inversión pública puede convertirse en un verdadero motor de recuperación económica para las empresas y trabajadores de la región.
El presidente de la representación empresarial, Josué Osmany Palomo Hoil, señaló que las compañías locales cuentan con la capacidad técnica, financiera y operativa para participar en estos proyectos y demandó que los procesos de contratación privilegien la participación de proveedores y constructoras de Quintana Roo, con el objetivo de evitar que la mayor parte de la derrama económica termine nuevamente fuera del estado.
“La ejecución de esta inversión durante lo que resta de la actual administración constituye la última oportunidad que tiene el Gobierno del Estado para cumplir con su promesa de reactivar la alicaída economía de las empresas locales y regionales”, sostuvo.
Y es que la preocupación del sector empresarial se encuentra relacionada directamente con el comportamiento del mercado laboral en el sur de Quintana Roo.
De acuerdo con los datos expuestos por Coparmex, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social muestran una reducción cercana al 7% en los puestos de trabajo formales, al pasar de aproximadamente 46 mil 500 a 42 mil plazas en el último año.
Para el organismo empresarial, el fenómeno evidencia el estancamiento que atraviesa la economía regional.
Parte de esta disminución está relacionada con la conclusión de contratos temporales vinculados con los trabajos del Tren Maya, pero el problema, advirtió Palomo Hoil, se ha profundizado ante la falta de nuevas inversiones de gran escala capaces de generar empleos permanentes y una cadena de proveeduría para las empresas de la zona sur.
A ello se suma el retraso o la incertidumbre en torno a proyectos privados que estaban llamados a convertirse en nuevos polos de generación de empleos e inversión.
Coparmex señaló que las grandes inversiones programadas para el Polo de Desarrollo Económico de Chetumal y otros proyectos de la zona sur permanecen “en pausa o a la expectativa” debido, entre otros factores, a la incertidumbre política, falta de certeza jurídica, condiciones burocráticas y fiscales, así como al creciente problema de inseguridad, extorsión y cobro de piso.
El dirigente empresarial insistió en que la zona sur requiere nuevos proyectos que permitan sustituir los empleos temporales que se generaron durante la construcción del Tren Maya y construir una economía sustentada en inversiones permanentes.
Según las cifras presentadas por Coparmex, la informalidad ya representa alrededor del 54% de la actividad económica regional, mientras que aproximadamente 461 mil trabajadores en Quintana Roo se encontrarían sin seguridad social ni prestaciones de ley.
Para el sector empresarial, esta situación constituye una señal de alerta porque implica que una parte importante de la población económicamente activa permanece fuera de los esquemas de protección laboral.
Palomo Hoil advirtió que la informalidad no solamente afecta a los trabajadores, sino que también representa una pérdida para las finanzas públicas y genera condiciones de competencia desigual frente a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
