La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta el rechazo de comunidades en la Huasteca Potosina y Veracruz ante el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, el cual contempla la expansión de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos, amenazando la seguridad hídrica de 735 mil habitantes.
El dilema del agua frente a la extracción masiva
La implementación del fracking exige volúmenes críticos de agua, poniendo en riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas locales y el suministro humano.
La técnica de fracturación hidráulica requiere entre nueve y 120 millones de litros de agua por cada pozo explotado. En la Huasteca Potosina, la hoja de ruta de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la próxima década proyecta perforaciones que impactarían directamente a nueve ríos. La magnitud de este consumo compromete el acceso al recurso vital para una población de 735 mil personas, generando un conflicto de alta intensidad entre el desarrollo industrial propuesto por el Estado y la supervivencia de las comunidades rurales.
La huella ambiental en la región totonaca
Las experiencias previas con la fractura hidráulica en el norte de Veracruz documentan una degradación severa de los recursos naturales y la salud pública.
En Papantla, la presencia de dos mil 500 pozos perforados a inicios de los años 2000 ha dejado un historial de daños ambientales no resarcidos. Los testimonios de los habitantes locales detallan las consecuencias de la actividad extractiva tras los derrames registrados entre agosto y septiembre de 2024:
- Contaminación hídrica: Afectación directa a arroyos, mantos acuíferos y manantiales utilizados para el consumo humano y animal.
- Ecocidio regional: Eliminación de fauna silvestre, anfibios, microorganismos y vegetación endémica.
- Impacto en salud humana: Reportes de enfermedades oncológicas, cuadros de estrés, afecciones dérmicas como herpes, náuseas, irritación ocular y malestares respiratorios derivados de la exposición constante a emanaciones de hidrocarburos.
La respuesta institucional y el conflicto de competencias
La interacción entre las autoridades energéticas y las poblaciones locales se ha caracterizado por la minimización de los riesgos ambientales.
Tras los derrames de septiembre de 2024 en Ojital Viejo, la respuesta oficial de los representantes de Pemex fue una exhortación a la normalización de la exposición a los contaminantes. La gestión de las denuncias ambientales ha sido deficiente, destacando un proceso de remediación de ocho meses en el arroyo local, derivado de una acción legal interpuesta ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). A pesar de las intervenciones, la operación de los pozos permanece activa, consolidando la percepción de un riesgo latente para el tejido social y la biodiversidad de la región totonaca.
