Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.-El Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra una nueva reforma constitucional en materia judicial que permitirá la reelección por seis años de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de aplazar hasta junio de 2028 la elección judicial.
La iniciativa, que ahora será enviada a los congresos estatales para su eventual declaratoria de constitucionalidad, también modifica la estructura interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que operará mediante “secciones” sujetas a la aprobación del pleno para resolver asuntos considerados menores.
Uno de los cambios más polémicos fue incorporado de última hora: los magistrados de la Sala Superior del TEPJF que actualmente están en funciones y cuyo encargo concluiría en 2027 podrán permanecer hasta 2028 y, además, tendrán la posibilidad de reelegirse para un nuevo periodo mediante la elección judicial federal de ese año.
La reforma también establece que los magistrados de Circuito y jueces de Distrito que sean electos en 2028 permanecerán ocho años en el cargo, es decir, hasta 2036, en lugar de nueve años como marcaba anteriormente la Constitución.
Otro de los ajustes aprobados, a propuesta del Partido del Trabajo (PT), fija que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.
Asimismo, el dictamen contempla que el Tribunal de Disciplina Judicial evalúe el desempeño de magistrados y jueces electos durante su primer año de funciones, además de implementar programas permanentes de capacitación y actualización en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Oposición acusa “reforma electoral disfrazada”
Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron duramente el contenido y el proceso de aprobación de la reforma.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que se trata de “una vil reforma electoral” y no de una reforma judicial, además de acusar que el proceso legislativo estuvo plagado de irregularidades y se aprobó en fast track.
El senador criticó especialmente la reserva aprobada durante la madrugada en la Cámara de Diputados para ampliar la permanencia de magistrados electorales, al considerar que abre la puerta a favores políticos dentro del Poder Judicial.
También señaló que la reforma no establece criterios claros para seleccionar mejores perfiles judiciales y que, lejos de simplificar el voto, facilita el control político de las candidaturas.
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que la reforma no corrige las “trampas” de la anterior modificación judicial.
Sostuvo que el nuevo dictamen no prohíbe prácticas como los llamados “acordeones”, el acarreo o la intervención de gobiernos en la promoción de candidatos afines al oficialismo.
“Esta reforma no blinda la elección judicial frente al partido en el poder y construye impunidad permanente para cubrirse entre ustedes”, acusó el legislador priista.
